El presidente de Fenacore realizó estas declaraciones a raíz de la controversia suscitada por la propuesta de la Comisión Europea de sancionar a los Estados miembros que vulneren el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que fija un límite del 3% de déficit público respecto al Producto Interior Bruto (PIB) y del 60% de deuda.

España cerró el pasado año 2009 un déficit público del 11,2% del PIB, situándose como el cuarto país de los veintisiete con mayor déficit, por detrás de Irlanda, Grecia y Reino Unido. De esta manera, aunque las previsiones apuntan a que los planes de ajuste conseguirán reducir esta cifra hasta el 9,8% durante el presente año y que la deuda pública alcanzará un techo del 74,3% del PIB en 2012, nuestro país no consigue cumplir los criterios fijados en el Plan de Estabilidad, lo que nos sitúa en la lista de Estados sancionados.

En opinión de Del Campo, la suspensión de estas ayudas -que representan del orden del 40% del presupuesto anual de la UE (unos 7.500 millones de euros para España) y menos del 0,5% del PIB de los países de la UE-  ocasionará la "pérdida absoluta" de competitividad del sector agrario español, ya que estas "mal llamadas subvenciones" suponen en realidad una "compensación" para los agricultores españoles, que se ven obligados por la PAC a vender sus productos por debajo de los costes de producción, con el objetivo de conseguir que los bienes básicos (fruta, hortalizas...) lleguen a los mercados internacionales a un precio asequible.

Realizando una comparativa con el sector del automóvil -uno de los sectores estratégicos de nuestra economía ya que representa el 3,5% del PIB-, el presidente de los regantes explicó que si el proceso de producción de los vehículos se realizara en Europa, pero se obligara a los fabricantes por una legislación comunitaria a venderlos a los precios que marcan países emergentes como China para garantizar el acceso al coche de todos los ciudadanos, esos sobrecostes de fabricación deberían también compensarse para evitar la quiebra del sector.

Según Del Campo, la retirada de las ayudas agrícolas de la PAC supondrá la "puntilla" para un sector que se encuentra sumido en una profunda crisis debido a la caída del precio de los productos agrarios, la falta de acceso al crédito y el encarecimiento desorbitado de las tarifas eléctricas. "Si a un enfermo grave le quitas su medicina, el resultado es un empeoramiento y después la muerte", apuntó.

Un plan de choque eficaz para un sector estratégico de la Economía

Ante esta situación, el presidente de Fenacore solicitó al Ejecutivo la puesta en marcha de medidas "realistas y eficaces" que permitan garantizar la viabilidad de la agricultura ya que, si bien muchas veces se le trata como un "jugador de segunda división", en realidad supone un sector estratégico para la economía de nuestro país por su vinculación directa con otras actividades productivas.

Así, si bien la agricultura, considerada de manera aislada, representa el 2,4% del PIB, si se analiza su peso junto con todo el complejo agroalimentario asociado -industrias agroalimentarias, cooperativas, servicios, fertilizantes, maquinaria, etc)- representa más del 20% del PIB, por lo que  políticos y legisladores deberían conferir a la agricultura de regadío el trato que se merece por su importancia económica y social.

De esta forma, Del Campo insistió en la necesidad de "aliviar" la presión económica que supone para los regantes la subida del precio de la luz, máxime tras la inversión realizada en la modernización de regadíos, que les ha llevado a transformar los antiguos sistemas de riego en mecanismos eficientes, de menor consumo de agua, pero de mayor demanda energética, multiplicando exponencialmente el coste de la factura energética y haciéndola prácticamente inasumible.

Así, insistió en la posibilidad de formalizar al menos dos contratos al año con las compañías eléctricas. Por un lado, uno anual con una mínima potencia contratada para el suministro básico de los servicios de mantenimiento de los equipos y pequeños usos; y, por otro, uno de temporada para los meses de máximo consumo.

Finalmente, apuntó a la necesidad de que incluya en los contratos de temporada la posibilidad de modificar la potencia en las horas llano y punta, en función del mes; así como disminuir el porcentaje obligatorio de consumo en horas valle. En relación al término de potencia, que supone actualmente el 40% de la factura, abogó por pagar únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar pagar un servicio que de octubre a marzo apenas utilizan.