La Unión Europea (UE) despide el año con una nueva regulación para el mercado del vino, el único sector agrario que quedaba por revisar, antes de que los Veintisiete vivan en 2008 lo que se anuncia una reñida reforma -bautizada como el "chequeo médico"- de la Política Agrícola Común (PAC). El acuerdo para reformar el sector del vino, alcanzado esta semana por los ministros de Agricultura de la UE, culmina cerca de año y medio de negociación e intensos debates en la segunda mitad de 2007, dentro del Consejo agrícola comunitario. La nueva regulación vitivinícola, satisfactoria para España, flexibiliza las intenciones iniciales de Bruselas y tiene entre sus puntos principales la continuidad durante cuatro años de apoyos a la destilación de crisis o para alcohol de uso de boca (usado en brandy o licores), así como las primas al mosto. Asimismo, atrasa la liberalización del cultivo de viñas hasta final de 2015, aunque los países podrán decidir mantener hasta final de 2018 los actuales "derechos de plantación", que limitan la producción de vid. La reforma de introduce para el viticultor el llamado "pago único" por superficie, independiente de la cantidad producida, que en la UE se aplica ya para la mayor parte de los sectores y es uno de los puntos centrales de la actual Política Agrícola Común (PAC). En este sentido, 2007 ha sido el año en que la UE ha trasladado la revisión de la PAC a dos producciones mediterráneas y de interés para España: el vino y el hortofrutícola, esta última aprobada por los ministros en junio, en Luxemburgo. En frutas y hortalizas, la reforma es parecida a la del vino, porque convierte las ayudas también en pagos directos por superficie, con plazos transitorios para tomates, frutales o cítricos y vínculos de las ayudas a la producción, con el fin de que no se queden desabastecidas las industrias. De esta forma, la UE ya está preparada para la revisión de la PAC que la Comisión Europea (CE) inició en noviembre, con la presentación de sus propuestas, preparadas por los servicios de la comisaria del ramo, Mariann Fischer Boel, para realizar lo que ha querido llamar el "chequeo médico" de esta política. Sin embargo, el proyecto de Bruselas incluye ideas ambiciosas como un recorte de los pagos directos para reforzar otras políticas en beneficio del campo (las de desarrollo rural) y reducir aún más las subvenciones a los grandes propietarios. La PAC es la política que más absorbe del presupuesto comunitario de la UE, unos 55.000 millones de euros en 2007 y España como segundo receptor (6.681 millones, según datos de 2006). La reforma que propuso Bruselas aumenta los recortes de ayudas directas al agricultor, hasta el 13% en 2013 y reducirlas aún mas a los que perciben más de 100.000 euros para destinar ese dinero a las llamadas medidas de desarrollo rural (cofinanciadas, que promueven en el campo actividades distintas o complementarias a la agrícola).