Asimismo, ha añadido Francisco Mombiela, para acomodar los plazos de seguridad de los productos fitosanitarios a las condiciones de recolección continua en cultivos de invernadero, se vienen realizando, durante los últimos años, convenios con la Federación de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas, Hortalizas y Plantas Vivas (FEPEX), que han permitido modificar un considerable número de autorizaciones. En relación con la desaparición de un importante número de sustancias activas, el Director General de Agricultura ha manifestado que es necesario acomodarse a los requisitos y criterios de la agricultura sostenible aplicables para el futuro que, entre otras medidas, obliga a tener en cuenta alternativas que integren principalmente prácticas distintas del uso de sustancias químicas, tal como exigirá la futura normativa ya en tramitación en las instituciones comunitarias. En este sentido, Francisco Mombiela ha recordado que en el mes de septiembre de 2006 se inició, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, la tramitación de dos importante propuestas legislativas de la Comisión Europea: un nuevo Reglamento sobre comercialización de productos fitosanitarios y una Directiva sobre uso sostenible de los mismos. La propuesta de Reglamento incluye elementos que mejoran la seguridad de los productos fitosanitarios y también aporta soluciones a muchas lagunas legislativas de la normativa anterior, agilizando la autorización de los productos de "baja peligrosidad" e incorporando el concepto de "sustancias comunes", que son las utilizadas ampliamente en otros ámbitos distintos del fitosanitario. Otro aspecto que podría ser muy positivo para la agricultura de los países del área mediterránea, es la homologación zonal (para el norte, centro y sur de Europa), que reduciría el trabajo de los Estados miembros potenciando el reconocimiento mutuo de autorizaciones. En cuanto a la Directiva sobre sostenibilidad, su estructura y contenido se ajustan en gran medida a las ideas que ya se estaban desarrollando en España, tal como prevé la ley de sanidad vegetal de 2002 como es la realización de estadísticas de consumo de plaguicidas en volumen (toneladas), la elaboración de planes de acción para la reducción del impacto de los plaguicidas y la elección de indicadores para medir su eficacia, entre otras.