Además de la trazabilidad como garantía de seguridad o el control de la alimentación en las explotaciones ganaderas, se trató de las responsabilidades del productor en la seguridad alimentaria. Alejandro Terriza, responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, afirmó que el nuevo curso que ha tomado la política, tanto a nivel europeo como mundial, que tiende a delegar la responsabilidad de velar por las adecuadas formas de producción/transformación a los propios operadores, ha llevado en una primera instancia a la industria agroalimentaria y más recientemente –y con crecimiento exponencial– a la producción primaria, a implicarse en la consecución de la seguridad alimentaria y en los mecanismos habilitados para demostrarla al resto de la sociedad. Y es que, como apuntaba, los productores del sector primario son ahora el primer eslabón de la cadena alimentaria, y por ello, deben asumir su propia responsabilidad. En este sentido, comentaba que la trazabilidad en toda la cadena obliga a una interlocución fluida entre los distintos eslabones y entre cada uno de estos con las Administraciones Competentes. A nivel competencial sobre el sector primario, comentó que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) es quien tiene la potestad de regular el marco normativo en materia de Seguridad Alimentaria; pero es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quien establece las consideraciones particulares para la producción primaria. Y desde las comunidades autónomas se van a controlar este tipo de normativas a través de las Consejerías de Sanidad, aunque desde la propia Administración se reconoce que para la producción primaria deben coordinarse con las de Agricultura. Terriza comentó que, independientemente de la supervisión por parte de la Administración, la propia dinámica del sector primario obliga a demostrar, en cada vez más casos, la idoneidad de sus modelos de producción/transformación mediante certificación de garantía externa. Por otro lado, consideraba que se garantizará una mayor eficacia de la gestión de incidencias, crisis o alertas sobre seguridad alimentaria con la optimización por parte del sector de sus propios sistemas de trazabilidad y con el enmarque de éstos en un sistema integral por parte de la Administración. La nueva normativa insta a los profesionales de la seguridad alimentaria a actualizar su formación Durante la reunión se expusieron las cuestiones fundamentales sobre las nuevas exigencias legales en el ámbito de la formación. La definición de lo que puede considerarse como formación de los profesionales en seguridad alimentaria la ofreció el Daniel Giménez, Presidente de la Asociación de Veterinarios Higienistas de Cataluña, que consideraba que era la preparación, tanto inicial como continua, es necesaria para llevar a término actividades laborales productivas en el sector alimentario con el objetivo de proteger a los consumidores. En este sentido, manifestaba que es fundamental enmarcar esta formación en el enfoque global integrado «de la granja a la mesa» para garantizar un alto nivel lo más elevado posible de higiene, además de un control eficaz de la cadena alimentaria en todas las fases de producción, la transformación y la producción. Y es que, como apuntaba, cada uno de los operadores a lo largo de esta cadena debe garantizar que no se comprometa la seguridad alimentaria. No se le escapó el hecho fundamental, y ahora solicitado por la nueva normativa, de que es necesario que los profesionales de la seguridad alimentaria (administración y sector privado) actualicen sus conocimientos y habilidades de forma permanente. Una formación continua que precisa de un diagnóstico previo de las necesidades, una definición de objetivos de aprendizaje, unos contenidos adaptados a las competencias, una metodología formativa más fácil, unos recursos económicos y humanos suficientes, un desarrollo con plazos conocidos y una evaluación permanente y final. Para concluir la mesa redonda, José Ignacio Arranz, Director Ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, abordó las cuestiones fundamentales sobre las necesidades formativas desde el ámbito normativo, dando un repaso legal a las propias funciones de la AESA, entre cuyos cometidos están los de identificar las necesidades de formación continuada de los profesionales del control de alimentos y diseñar programas marco para satisfacer aquéllas; y al nuevo marco comunitario de próxima entrada en vigor. Entre otros aspectos, hizo referencia detallada a los requisitos legales de la formación que viene, y apuntó, entre otros, el hecho de que con la entrada en vigor del «paquete de higiene» el veterinario oficial deberá mantener al día sus conocimientos y estar al tanto de las novedades, participando periódicamente en actividades de formación permanente y consultando bibliografía especializada. Cuando sea posible, el veterinario oficial emprenderá cada año actividades de formación permanente. Las cuestiones básicas que se aportaron para la reflexión estuvieron enmarcadas sobre qué modelo de formación adoptar y sobre cómo orientar la formación: ¿formación horizontal o vertical? Todo un reto, también para la propia administración alimentaria..