Se citaron como obligaciones materiales de los empresarios las de mantener lugares de trabajo adecuados. El Real Decreto 1627/97 expone las disposiciones mínimas de seguridad en Obras de Construcción; el Anexo 4, es de aplicación a la construcción de invernaderos, siendo una reivindicación de los ingenieros técnicos agrícolas. Las líneas de alta tensión representan un riesgo potencial en la construcción y mantenimiento, proponiéndose medidas tendentes a la sustitución del alambre por material plástico, soterramiento o elevación de líneas, etc, si bien no se elimina del todo la potencialidad del riesgo. Los equipos de protección deben estar en buen estado de mantenimiento, ajustándose al menos a las necesidades que exige la Ley y el Real Decreto 1215/97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización de equipos de trabajo. Se consideró el manual de instrucciones como documento importante de referencia. La utilización segura de sustancias y preparados peligrosos, con la identificación de los riesgos como punto de partida, contemplando toda la documentación disponible como son las fichas de seguridad, normativa estatal y autonómica, etiquetado, etc, así como aspectos tales como la formación de los trabajadores. La consulta a los trabajadores de las medidas en prevención es necesaria, debiendo buscarse fórmulas para realizarla, incluso en aquellos casos en que no existan delegados de prevención, recurriendo por ejemplo a convocar el empresario a los trabajadores en asamblea y en la misma informar. La vigilancia de la salud se hará en función de los riesgos del puesto de trabajo desempañado por el trabajador y será obligatoria al inicio del desempeño de las funciones. En relación a las obligaciones instrumentales, se destacó la obligatoriedad para el empresario de establecer un sistema de prevención, en el que se recojan a través del Plan de PRL la evaluación de los riesgos y la Planificación preventiva. La evaluación debe realizarse puesto a puesto, y si es necesario por temas específicos, como en el caso de la exposición al ruido. Se destacó que muchos accidentes se producen en tareas no habituales, como mantenimientos, que no fueron evaluadas en su momento. Hay que evitar el cumplimiento meramente documental de estas medidas, que luego no tienen una proyección práctica de cumplimiento por el empresario. Juan Sánchez Martínez centró su exposición en tres puntos básicos: el Ministerio Fiscal y su relación con la Inspección de Trabajo, respecto a este punto comentó la existencia de un grupo de trabajo dentro de la Fiscalía que abarca temas laborales y de carácter medioambiental, que permite la unificación de criterios; los tipos penales aplicables a este tipo de responsabilidades; los sujetos activos y pasivos del delito, sobre este tema aclaró que los servicios de prevención ajenos no pueden ser sujetos activos de delito, así como los delegados o los miembros del comité de seguridad y salud, que tampoco son sujetos activos. La fiscalía actuará sobre resultados, ya se haya producido o sea por peligro inminente. El ponente comentó la existencia de un convenio con la Junta de Andalucía acerca de actuaciones en materia de riesgos Laborales. Ángel Carreño Ortega, en su charla acerca de la reducción de la siniestralidad en la construcción de invernaderos multitúnel, mostró el proyecto llevado a cabo en la UAL, sobre el montaje en fase inicial a ras de suelo, de la bóveda de tipo gótico. Esta técnica tiene como resultado una disminución del 40 % del tiempo de trabajo en altura, consiguiendo una reducción de más de un 9% de los accidentes de trabajo. También hizo hincapié como ingeniero técnico agrícola, en la necesaria obligatoriedad de considerar la normativa vigente en construcción tanto en el proyecto como en el montaje de invernaderos.