La coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ha solicitado formalmente a las entidades financieras más representativas en la provincia de Almería -entre aquellas que se han prestado a refinanciar la deuda agrícola- una reunión para conocer su voluntad a la hora de aplicar el acuerdo, así como las condiciones que establecerán a la hora de negociar con los agricultores y ganaderos la reestructuración de su deuda. El motivo principal por el que han puesto en marcha esta iniciativa es conocer todos los detalles para, posteriormente poder informar a los profesionales. En definitiva, como apuntan desde la organización, «actuar de coordinadora entre ambas parte». «Con la firma del acuerdo entre Consejerías de Agricultura y Pesca; la de Economía y las nueve entidades financieras para reestructurar la deuda adquirida por agricultores y ganaderos, sólo se ha abierto el proceso, no entendemos, bajo ningún concepto que sea una medida definitiva», subraya Andrés Góngora, secretario provincial de Coag-Almería. Esta organización agraria considera que el convenio suscrito es positivo porque se reconoce la situación financiera de los profesionales del sector. Tampoco disgustan las condiciones que se establecen, aunque algunos matices no eran contemplados por el colectivo, en general «están en la línea de lo que reivindicábamos las organizaciones agrarias», insiste Góngora. No obstante, discrepan de la forma en la que se ha llevado a cabo la negociación del mismo, ya que «no han contado con nosotros para nada. Los representantes de los sindicatos agrarios deberíamos haber participado, y no ser meros espectadores de la firma», reivindica el secretario provincial de Coag. Desde este sindicato critican que el documento no sea vinculante para las entidades, que «no tenga un carácter formal, sino simplemente sea voluntario». Para Góngora, «el acuerdo queda incompleto porque no cuenta con partida presupuestaria pública y la Junta debería aportar y no simplemente a ejercer de mediador en el asunto». Al respecto, Góngora mantiene que «se dio mucho bombo a los 120 millones de euros para el sector agroalimentario y resulta que son para la industria y nada para los agricultores».