El Consejo de Ministros del pasado viernes, 13 de marzo, aprobó un acuerdo para «la subvención parcial de los intereses de las líneas de créditos Pymes, Internacionalización, Crecimiento empresarial y Emprendedores del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un valor de 1.000 millones de euros», según informaron desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm). El objetivo de esta medida es «estimular el crecimiento del sector agrario y agroalimentario, un sector estratégico que fomenta la vertebración del territorio y contribuye positivamente a la balanza comercial española». Con respecto a quienes se podrán beneficiar de estas subvenciones, desde el Ministerio especificaron que podrán ser beneficiarios «empresas de los sectores agrícola, ganadero y de la industria agroalimentaria» y añadieron que «en el sector primario, serán beneficiarios en las líneas citadas los agricultores y ganaderos que tengan consideración de pymes y las cooperativas, con independencia de su dimensión». Las subvenciones se otorgarán a través de las entidades financieras, que intervendrán, a estos efectos, como entidades colaboradoras del ICO. En este sentido, Francisca Iglesias, secretaria general de UPA-Almería, comentó que, en principio, no ven con malos ojos estas ayudas «para financiar los intereses de los préstamos», sin embargo, «el problema es que los bancos estén dispuestos a dar los créditos». Asimismo, añadió que el principal inconveniente puede ser que haga falta, obligatoriamente, aval para poder acceder a estas subvenciones. Por su parte, Francisco Vargas, presidente de Asaja-Almería, señaló que «si los agricultores podemos acogernos a esas ayudas, nos alegramos» y recordó que estas subvenciones fue una de las medidas que esta organización agraria pidió en su momento para que los agricultores y ganaderos pudieran refinanciar sus préstamos. Además, hizo referencia a la polémica desatada en su momento, cuando el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, se «desdijo» sobre el alcance de estas subvenciones que, en principio, dejarían fuera a los agricultores. Isa Fernández