El BOE ha publicado la resolución de 1 de septiembre de 2009 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que recoge el acuerdo de las autoridades de gestión de las Comunidades Autónomas de los programas cofinanciados con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Recoge las directrices consensuadas entre las Comunidades Autónomas y las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural sobre la "subvencionalidad" en los gastos de las operaciones cofinanciadas con fondos Feader, con el objetivo de "garantizar la coherencia de la ayuda prestada, con las actividades, las políticas y las prioridades de la Unión Europea".

Recuerda que la estructura de la programación para el marco 2007-2013 se basa en un Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural, "que indica las prioridades de la intervención del Fondo del Estado", un Marco Nacional de Desarrollo Rural "que contiene los elementos comunes y las medidas horizontales", junto a los programas Red Rural Nacional y los diecisiete regionales.

El BOE recoge que podrán ser subvencionados los arrendamientos financieros y amortización de bienes inmuebles o de equipo; las contribuciones en especie; la adquisición de terrenos y edificios; las minutas de asesoramiento profesional o ligados a la gestión; la asistencia técnica y los gastos de ejecución de los ayudas, con los límites que recoge la propia normativa.

Por el contrario, detalla que no serán subvencionables los pagos relacionados con los intereses deudores; gastos financieros o de garantía bancaria; IVA o Impuesto General Indirecto Canario; de vivienda; de adquisición de terrenos; impuestos personales o sobre renta; los intereses de demora y los gastos judiciales, con las excepciones que matiza la normativa.

Añade que no podrán optar a la subvención ni "la adquisición de derechos de producción agraria", ni "los gastos no docentes de actividades formativas, de amortización o de arrendamientos de bienes y edificios destinados a las mismas", entre otros, en lo que excedan del 25% del importe de los gastos subvencionables de la operación, con las excepciones que se detallan en la resolución.

Sobre la territorialidad, advierte de que las actuaciones no podrá ser subvencionadas cuando los beneficios sean inferiores al 50%; que los gastos subvencionables no podrán sobrepasar el 10% del gasto público total de la medida, ni el 5% del gasto público total del programa; y que las operaciones deberán reflejarse en los informes anuales y final de ejecución de la ayuda.