El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Aguas, que comenzará su tramitación parlamentaria en octubre para su entrada en vigor a principios de 2010. Con este texto, Andalucía contará por primera vez de un marco normativo propio para la gestión de sus recursos hídricos, una vez culminado el traspaso de las competencias sobre todas las cuencas hidrográficas de la región.

El proyecto cuenta con el respaldo de los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos e incorpora el 80% del millar de alegaciones y aportaciones recibidas de asociaciones, entidades, organismos y particulares, así como del Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo de Andalucía, que emitieron informes favorables por unanimidad. Su contenido, basado en el Acuerdo Andaluz por el Agua suscrito el pasado 3 de febrero, presta una especial atención a asignar los usos del agua conforme a las prioridades de reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial.

Entre sus principales novedades, el proyecto incorpora la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona. A través de ellos, la Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con los objetivos de mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.

Dentro del nuevo marco de asignación de usos, la futura ley flexibilizará el régimen de las concesiones de agua, que actualmente no permite la entrada a nuevos usos incluso en el caso de que éstos ofrezcan mayor rentabilidad social y económica que los ya autorizados. El plazo máximo se reducirá de 75 a 20 años, salvo si la inversión necesaria requiere un periodo de amortización más largo. En los regadíos, las concesiones se revisarán tras los proyectos de modernización que se lleven a cabo, con el fin de ajustarlas a las necesidades del riego eficiente y poder así liberar recursos.

Respecto a la regulación del ciclo integral del agua, el nuevo texto reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración, aunque establece que la Administración autonómica podrá intervenir subsidiariamente en determinados casos.

En materia de depuración y saneamiento, el proyecto dispone la aprobación de un plan de infraestructuras en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor. Este documento recogerá los proyectos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad especificados para el año 2015 por la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.