En este sentido, valoró especialmente la recuperación del principio de unidad de cuenca en detrimento de la gestión por demarcaciones hidrográficas, que establecía el anteproyecto, argumentando que la "provincialización" de la administración del agua supone la "contaminación política" de un recurso que es de todos los españoles y no del territorio que lo tiene más cerca.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, "con esta modificación del texto legal, se ha evitado la creación de un modelo autonómico insolidario, así como las "guerras del agua" que se hubieran derivado de él, primero entre comunidades autónomas;  después, entre provincias y por último, entre usuarios, sentando un mal precedente, como estaba ya ocurriendo, para el resto de cuencas".

Por otro lado, apuntó que el nuevo texto evitará el exceso de burocracia y la bicefalia en la gestión, ya que la organización de la Agencia Andaluza del Agua (AAA) contará con una dirección por cada una de las cuencas hidrográficas existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, haciendo desaparecer la figura de los directores provinciales. De esta forma, los directores de cuenca tendrán rango de jefe de servicio y no cargo político como planteaba inicialmente el anteproyecto.

Otra de las mejoras que destaca Fenacore de la norma recién aprobada es que termina con el agravio comparativo al regadío en materia de sanciones, al suprimir las "multas coercitivas" de aplicación exclusiva para las comunidades de regantes. De esta forma, el  nuevo texto contempla sanciones para cualquier sujeto infractor que incumpla lo establecido en cuestiones relacionadas con el control ambiental o la calidad del medio hídrico.

Por último, alabó que la Ley de Aguas Andaluza incluya controles sobre la modificación de los perímetros y superficies establecidas para las zonas regables. Así, el texto reconoce que cualquier alteración a este respecto solo puede producirse por motivos de interés general y con autorización de la Agencia Andaluza del Agua, pero podrá permitir -a petición de una comunidad de regantes- la compensación de la disminución de la superficie de riego, incluyendo zonas rústicas cercanas.