Además, el hecho de que la ley prime e incentive a quienes mejor usen el agua,_Almería saldrá muy beneficiada con respecto al resto de provincias andaluza.

Lo cierto es que para el delegado  provincial de la Consejería de_Medio Ambiente, Clemente García, esta ley va a suponer «un antes y un después en la gestión de un bien primordial y único como es el agua y que tanta importancia tiene en Almería».

Por ejemplo, los problemas de escasez de agua que sufren desde hace muchos años varias zonas de la provincia, especialmente el Levante, tienen los días contados. Y es que, como ha explicado García, «con esta ley, Almería va a poder tener acceso a más recursos hídricos, a través de los Bancos Públicos del Agua, que se van a encargar de regular que los excedentes de agua que haya en Andalucía se destinen a zonas que saben usar bien el agua y que la necesitan», como es el caso de la provincia almeriense.

Por otra parte, si el regadío provincial destaca sobre el resto de Andalucía, con la Ley de Aguas dará un salto cualitativo muy importante, ya que ésta tiene como uno de sus principales objetivos su modernización con el fin de, como ha argumentado García, «liberar recursos y que el agua no se convierta en un factor limitante de nuestro desarrollo sostenible». La fecha límite para llevarlo a cabo es el año 2015, como marca la Directiva Marco Europea de Aguas.

Del mismo modo, la Ley de_Aguas andaluza prevé la creación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas, con lo que se aprovecharán mejor las aguas subterráneas almerienses, que son mayoría en comparación con las superficiales.

En otro punto en el que Almería es pionera, como ha afirmado García, es en «la gestión responsable del agua en manos de los usuarios, como lo demuestra la labor que están realizando desde hace años las Juntas Centrales de Usuarios que actualmente existen en el Poniente almeriense, en los Campos de Níjar o en el Almanzora».

Evitar las inundaciones es otro punto que incluye la nueva ley. Así, Almería contará con las obras necesarias para prevenir avenidas de agua en cauces urbanos y para restaurar riberas  y ecosistemas que, además, van a servir para propiciar el desarrollo urbano de muchos de sus municipios y, como ha explicado García, «van a implicar una significativa inversión y, con ello, una oportunidad de reactivación económica y del empleo en la provincia».

Plan de infraestructuras

Con este Plan, que supondrá una inversión de 175 millones de euros y que estará listo para el año 2015, se ejecutarán aquellas obras que se consideren necesarias para, como ha afirmado García, «la mejora del ciclo integral del agua, es decir, de los servicios de abastecimiento, saneamiento, depuración y desalación en la provincia de_Almería».

Por otra parte, el sistema de pago del agua también premia a_Almería por su uso eficiente, lo que permitirá realizar un mayor número de inversiones en obras hídricas. Del mismo modo, su precio estará en consonancia con su consumo efectivo y las cantidades recaudadas con esta tarifa serán invertidas en los proyectos previstos en el Plan y en la protección y regeneración de las masas de agua.

Para las comunidades de regantes, pese al escepticismo, en la balanza pesan más los avances positivos que lo que consideran negativo. Por ejemplo, el portavoz de la Federación de_Regantes de Almería (Feral), José Antonio Sánchez, ha comentado que están «contentos porque la Ley recoge alegaciones que presentó la propia Feral, así como colectivos de regantes asociados. Además, se trata de alegaciones sobre aspectos que consideramos fundamentales para la gestión del agua y que tienen que ver con las buenas prácticas de riego, con el aprovechamiento eficiente y con la optimización del uso del agua».

Para Feral, los objetivos de esta Ley tienen que ser que ayude a garantizar las necesidades de agua de todos los andaluces «mediante un reparto solidario del agua de Andalucía, conjugando la necesaria preservación de los recursos hídricos, con las prioridades de reactivación económica y generación de empleo», ha explicado Pérez. Además, el portavoz de Feral ha querido recordar que «con agua suficiente para las producciones hortícolas almerienses se contribuye a que se siga compensando la balanza de pagos de Andalucía».

Como aspecto negativo, Pérez señala que, vista la situación actual que atraviesan los agricultores, «lo último que debería hacer la Junta, una vez que la Ley de_Aguas cuente con la correspondiente redacción del reglamento, es incrementar los precios del agua».

Menos positiva ven la Ley los miembros de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), que creen que presenta importantes problemas para la sostenibilidad de las cuencas andaluzas y para la competitividad y posibilidades de desarrollo del sector. De todos modos, tienen la esperanza de que con el desarrollo normativo se incluyan algunos matices y precisiones para impedir la sobreexplotación de las cuencas andaluz y evitar la discriminación al regadío en materia impositiva y sancionadora.

Desde Feragua, no obstante, ven positivo que la Ley apueste por el modelo de las Comunidades de Regadíos para poner control y orden en las aguas subterráneas anteriores a 1986, además de que en las situaciones de sequía se prioricen los cultivos que generan un mayor valor añadido y empleo.

Por otra parte, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, considera que es importante que la Ley de Aguas andaluza haya recuperado «el principio de unidad de cuenca, evitando así la creación de un modelo autonómico insolidario». Además, considera que la norma recién aprobada «termina con el agravio comparativo al regadío en materia de sanciones, al suprimir las ‘multas coercitivas' de aplicación exclusiva para las comunidades de regantes».

¿Competencia de las CC AA?

El catedrático de Derecho de la Universidad de La Rioja, Antonio_Fanlo, defendió ayer durante la celebración del XII_Congreso Nacional de_Regantes en Tarragona que la gestión de las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma «corresponden exclusivamente al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, tal como recoge la Ley de_Aguas y la Constitución en sus artículos 149 y 18».

Para Fanlo, el modelo que se aplicaba hasta ahora, que data del año 1926 ha funcionado a la perfección. Es más, considera que el hecho de que España quiera terminar con este modelo de gestión significa «dilapidar una experiencia histórica que ha servido de inspiración en el ámbito internacional».

Además, Fanlo ha puesto un ejemplo. Y es que en Estados Unidos, Canadá y Australia no existe una política centralista del agua y, según el profesor, «ello ha derivado en conflictos por la disponibilidad del agua».

«II Modernización en el aire»

El presidente de la_Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés Campo, ha aprovechado su intervención en el XII Congreso Nacional de Regantes, que se celebró en la jornada de ayer en Tarragona, para avisar de que el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2015 se encuentra actualmente «en el aire si no se revisa el proyecto para adaptarlo a las nuevas tarifas eléctricas».

Para del Campo, los principales problemas que preocupan al regadío español son la potestad sobre el agua que según ha explicado «parecen haberse arrogado algunas comunidades autónomas; la gestión sostenible de los acuíferos por parte de los usuarios y, finalmente, la importancia de fijar entre todos los actores protagonistas los criterios de fijación de los caudales ecológicos».

El presidente de Fenacore ha instado al Ejecutivo a adoptar medidas realistas que permitan ahorros significativos, como puede ser «la aplicación de un IVA reducido».

Por otra parte, del Campo se ha mostrado preocupado por la titularidad exclusiva de las aguas que han obtenido con los nuevos estatutos de autonomía Andalucía, Cataluña, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Considera que con ellos se «está creando un modelo autonómico insolidario». Además, cree que «el agua es de todos» y no entiende competencias sobre los ríos.


Rafael Villegas.