La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG Andalucía, reclama a la Consejería que ponga en marcha una ley para facilitar la venta directa de productos agrarios, de forma que productores y consumidores puedan beneficiarse de unos precios justos y transparentes, sin los abusivos márgenes comerciales que se ven obligados a soportar cuando recurren a los canales convencionales.

Esta organización agraria considera que habría que establecer unos requisitos flexibles que permitieran cumplir con todas las exigencias legales y garantías sanitarias sin que esto suponga una  maraña burocrática que finalmente haga inviable las iniciativas que puedan surgir. En estos  momentos, hay regiones como Navarra, que ya disponen de la normativa adecuada para promover este tipo de actividades, mientras otras, como Cataluña, se encuentran en el proceso de tramitación de la misma.

Para COAG Andalucía, una comunidad autónoma como la nuestra, donde la actividad agraria tiene un peso específico fundamental, y especialmente la agricultura y ganadería ecológicas, no debe quedar atrás en este proceso de promoción y fomento de los canales cortos de comercialización, que permiten una relación directa entre productores y consumidores, reduciendo los precios y el impacto ambiental del comercio convencional.

Desde hace ya más de un año, esta organización agraria promueve, a través de la iniciativa ARCo (Agricultura de Responsabilidad Compartida) un proyecto que pretende aglutinar todas aquellas formas de acercar a productores y consumidores, basadas en el compromiso mutuo y en el establecimiento de alianzas para conseguir un objetivo común: garantizar alimentos sanos y de calidad a un precio razonable para todos, gracias al uso de canales cortos de comercialización que permiten eliminar intermediarios. Este proyecto engloba numerosas iniciativas, tales como grupos de consumo que reciben cestas de productos de temporada a un precio más o menos fijo; tiendas asociadas; comedores colectivos y mercados locales de productores, en los que los ciudadanos compran directamente los productos agrarios.