La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha informado al Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de la calidad agroalimentaria, que junto con el de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición configuran las bases del derecho alimentario español.

El objetivo de este texto es establecer el marco jurídico del sistema agroalimentario español en lo relativo a la calidad agroalimentaria, tanto comercial como diferenciada, y al fomento de instrumentos de vertebración del sector, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido por normativa comunitaria.

De esta forma se pretende mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena alimentaria, a través de la promoción de un Código de buenas prácticas comerciales y mediante la actualización de las normas relativas a organizaciones interprofesionales agrarias y contratos-tipo agroalimentarios.

Con este texto también se quiere regular la titularidad uso y gestión, así como la protección de las figuras de la calidad diferenciada vinculadas a un origen cuyo ámbito territorial se extiende a más de una Comunidad Autónoma, con independencia del tipo de producto amparado, actualizando, del mismo modo, el modelo jurídico para su gestión y control.

En cuanto a los consumidores se pretende aportar la información necesaria sobre el modelo de calidad agroalimentaria para que dispongan de una verdadera oportunidad de elección e información que figure en el etiquetado de los productos alimentarios, y por otro lado favorecer la competitividad de las empresas mediante la simplificación y la evaluación de impacto, como herramientas esenciales que deben utilizarse sistemáticamente para reducir costes innecesarios y cargas administrativas.

La diversificación alimentaria es importante para satisfacer la demanda de los consumidores en relación con los productos de calidad, y también porque permite a la industria un suministro adecuado y estable, junto con una adecuada salida de las producciones al mercado, por lo que deben adaptarse a las exigencias tanto de los consumidores como de la sociedad en general. En este contexto es importante la innovación, tratándose de un sector especialmente dinámico.

Esta norma se refiere únicamente a la vertiente económica, quedando excluida la regulación de cualquier aspecto relativo a la seguridad alimentaria, cuya competencia es de las autoridades sanitarias. Además, contribuirá a ordenar en el ámbito correspondiente este sector económico y, de esta forma, vertebrar su desarrollo armonizado. Asimismo, satisfará la demanda del sector de la industria y la comercialización de los alimentos, contribuyendo a mantener la unidad de mercado.

España se caracteriza por ser un país con gran diversidad de productos alimenticios reconocidos, que tienen origen en una amplia cultura, historia y riqueza gastronómica. En los últimos años, las nuevas tendencias en los hábitos de consumo y el incremento en el nivel de vida de los españoles han dado lugar a una mayor demanda de este tipo de productos con características propias de calidad y producidos en un ámbito geográfico determinado.

El interés por estos productos ha traspasado las fronteras, y hoy, son muchos los productos agroalimentarios españoles calificados como Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), que son reconocidos no solo en el ámbito comunitario sino también mundial.

Los productos amparados bajo estas menciones de calidad son: vinos, bebidas espirituosas, quesos, productos a base de carne, carnes frescas, pescados y moluscos, aceites y grasas, otros productos de origen animal, frutas y verduras, pastelería y productos de panadería, cerveza y otras bebidas, productos no alimenticios y otros productos.

La evolución que han experimentado las figuras de protección de la calidad diferenciada en España ha sido muy positiva. Las primeras denominaciones registradas datan de los años treinta, en vinos, y en la actualidad hay más de 300 reconocidas o en fase de reconocimiento.

El sector agroalimentario es el primer sector manufacturero de la economía española, y tiene como misión básica proporcionar al ciudadano unos alimentos sanos, seguros y que respondan a sus exigencias de calidad. El anteproyecto de Ley de calidad agroalimentaria será una herramienta para mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, favorecer la competitividad y dar respuesta a las exigencias de calidad de los consumidores.