Del Campo -que realizó estas declaraciones a raíz de la divulgación del documento "Gestión Sostenible del Agua. Hacia un Gran Pacto Social" elaborado por la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Grupo Parlamentario Socialista- afirmó que esta causa no es "nueva" para los regantes, quienes vienen insistiendo en la necesidad de combatir la "territorialización" de la gestión del agua desde el mismo momento en que los estatutos catalán y aragonés plantearon el "blindaje" del Ebro, hace más de cuatro años.

De hecho, recordó que el pasado mes de mayo, en el marco del último Congreso Nacional de Fenacore, el sector del regadío en su conjunto aprobó de forma unánime un manifiesto en el que exigían precisamente la puesta en marcha de un pacto de Estado para luchar contra la "invasión" de las competencias constitucionales que están protagonizando Aragón y Cataluña sobre el Ebro; Andalucía sobre el Guadalquivir, Castilla-La Mancha sobre el Tajo o Castilla y León sobre el Duero.

En este sentido, Andrés de Campo reiteró que tal y como recoge claramente la Constitución en el artículo 149 la administración del agua en cuencas intercomunitarias corresponde "única y exclusivamente" al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, y no a las Administraciones Autonómicas.

Además, calificó de "inconcebible" que se "fracture" el principio de unidad de cuenca -"el agua es de todos"- que ha servido de inspiración a las normativas internacionales (Directiva Marco de Aguas (DMA)) para dar paso a un modelo insolidario donde los ríos estén divididos de forma artificial por tramos autonómicos, lo que ya está generando "guerras del agua" entre territorios.

De esta forma, mostró un respeto "absoluto" al principio de unidad de las cuencas hidrográficas y a las Confederaciones Hidrográficas como instituciones consolidadas en España, en las que se integran y tienen participación "sin extralimitarse en sus competencias" todos los usuarios y agentes interesados en la gestión del agua.