Ante la inminente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la resolución del recurso de inconstitucionalidad planteado por la Junta de Extremadura contra el Estatuto Andaluz por atribuirse las competencias exclusivas sobre el río Guadalquivir, Del Campo insistió en la necesidad de combatir la "territorialización" de la gestión de cuenca para evitar las "guerras del agua" que vienen produciéndose desde hace cuatro años. "Sería deseable que el Constitucional devolviera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir todas las competencias que tenía para restaurar así los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca" añadió.

En este sentido, recordó que el caso de Andalucía ha sentado un "mal precedente", alentando a comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León a asumir la titularidad sobre los ríos que transcurren por su territorio, dando paso a un modelo insolidario donde priman los intereses locales, lo que puede dar lugar a una situación de "sequía estructural" ante la incapacidad de atender todas las demandas.

Ante esta invasión de competencias, la Junta Directiva de Fenacore -integrada por más de 70 presidentes de comunidades de regantes de toda España- decidió esta semana poner en marcha esta ronda de reuniones "urgentes y de alto nivel" con las diferentes fuerzas políticas, máxime tras la defensa mostrada por parte de la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Grupo Socialista a las funciones del Estado en materia de aguas.

En estas reuniones, los regantes abogarán por el respeto al principio de "unidad de cuenca hidrográfica" -el agua es de todos-, que ha servido de inspiración a la normativa internacional. Además, subrayarán el papel de las Confederaciones Hidrográficas como instituciones consolidadas, en las que se integran y tienen participación "sin extralimitarse en sus competencias" todos los usuarios y agentes implicados en la gestión del agua, incluidas las comunidades autónomas.

El pasado mes de mayo, en el marco del último Congreso Nacional de Fenacore, el sector del regadío en su conjunto aprobó de forma unánime un manifiesto en el que exigían precisamente la puesta en marcha de un pacto de Estado para poner orden y evitar la "invasión" de las competencias constitucionales, propias de la Administración Central, que están protagonizando Aragón y Cataluña sobre el Ebro; Andalucía sobre el Guadalquivir, Castilla-La Mancha sobre el Tajo o Castilla y León sobre el Duero.

Según Del Campo, "la experiencia nos ha mostrado cómo transferir competencias de una confederación a una comunidad autónoma, como es el caso del Guadalquivir, no funciona. Regantes y ecologistas nos hemos pronunciado a favor de la unidad de cuenca, como también lo han hecho representantes del Foro del Agua, los colegios de ingenieros de caminos, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y antiguos trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; por no hablar de las discrepancias internas entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, que también se han producido".