El objetivo de la medida, que permite compatibilizar las ayudas nacionales con las comunitarias, es modernizar las estructuras actuales con la finalidad de mejorar su competitividad frente a otras producciones que compiten en nuestros mismos mercados, disminuyendo los costes de producción, mejorando la calidad y los calendarios de producción y permitiendo la realización de un cultivo más respetuoso con el medio ambiente.

Se trata de aplicar mejoras adecuadas a las condiciones agroclimáticas de las distintas zonas actuando en las estructuras de los invernaderos y en los mecanismos para su gestión más eficaz, así como en la introducción de las más modernas tecnologías que permitan la regulación de la temperatura, la optimización de la utilización de la energía, y el enriquecimiento en CO2 de la atmósfera del invernadero para optimizar las producciones y adaptarlas a las necesidades de la demanda y permitir un cultivo respetuoso con el medio ambiente.

Como acciones a subvencionar cabe citar la construcción de bienes inmuebles, tales como invernaderos, centrales de cogeneración, instalaciones para recuperación de CO2, la compra de maquinaria, equipos e instalaciones en general y la informatización de la gestión de los invernaderos, tanto en cuanto a regulación de condiciones microclimáticas como en cuanto a la optimización del riego y la nutrición.

Para esta medida se van a destinar 190 millones de euros entre los años 2011 y 2013, financiados al 50% por el MARM y por las CC.AA de Andalucía, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana y distribuidas entre las mismas en función de sus producciones de tomates de invernadero.

La medida se va a instrumentar a través de los Programas de Desarrollo Regional de las distintas CC.AA, lo que asegurará una gestión eficaz, una puesta en marcha inmediata y una simplificación administrativa dado que supone una intensificación de medidas de modernización de explotaciones, que actualmente ya están en vigor dentro de los programas respectivos de las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas implicadas deberán proceder a la modificación de sus respectivos programas de desarrollo rural para incorporar estas actuaciones y la dotación financiera correspondiente.