En este marco Rosa Aguilar ha decidido impulsar la consolidación de la figura de la titularidad compartida como un principio de equidad y justicia social y ha manifestado su intención de lograr el mayor consenso posible  en esta materia con las organizaciones de mujeres rurales, las Organizaciones Profesionales Agrarias, las Comunidades Autónomas y los grupos políticos.

El GITIC, creado por Acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 15 de octubre, tiene como principal objetivo la elaboración de un proyecto de ley específico para regular de forma completa la figura de la titularidad compartida, así como la materialización de aquellas medidas o acciones adicionales que promuevan esta figura, dando así cumplimiento pleno a los mandatos contenidos en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y en la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Para la elaboración de ese proyecto de Ley, se ha acordado durante la reunión estudiar la incorporación en su articulado de algunos aspectos como la ampliación de los efectos de la titularidad compartida, creando una figura societaria específica así como las ampliación del perfil de las personas que pueda acogerse a esta figura, el establecimiento de un conjunto de actividades que pueden considerarse como agrarias, y la forma de incentivar la afiliación de la mujer rural a la Seguridad Social.

También se analizará la posibilidad de introducir fórmulas para mejorar la capacidad de evaluación y conocimiento de las citaciones, establecer incentivos y mecanismos de bonificación, facilitar la capacidad de la mujer rural para realizar gestiones administrativas y comerciales, reforzar con carecer general el enfoque de género en el medio rural y encontrar un escenario par generalizar la cobertura precisa en las normativa comunitaria para la aplicación de políticas incentivadoras de la cotitularidad.

Para desarrollar cada uno de los puntos se ha realizado una propuesta de asignación de tareas entre el MARM y los diferentes Departamentos Ministeriales, en función de sus competencias, para avanzar a continuación sobre una propuesta de reuniones bilaterales entre el MARM y los demás Ministerios implicados, con la intención de agilizar la puesta en marcha de las distintas medidas y tareas asignadas.

El objetivo último es que el proyecto de ley esté redactado en un plazo de seis meses, para que pueda entrar en vigor en esta legislatura.