Este Protocolo tiene como objeto fijar el marco de concertación de actuaciones entre ambas administraciones en materia de desarrollo rural para poner en práctica el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, tal y como prevé la citada Ley.

Este Programa de Desarrollo Rural Sostenible se aplicará en aquellos términos municipales del medio rural integrados en las zonas rurales delimitadas y calificadas por la Comunidad Autónoma, para cada una de las cuales se elaborará un plan de zona rural, como instrumento de planificación de las medidas y acciones contempladas en el Programa.

De esta forma, según el Protocolo publicado hoy en el BOE, se elaborarán once planes de zona en otras tantas zonas rurales de Andalucía, con una inversión total de 3.596.000 euros para el periodo 2011-2015, cofinanciados a partes iguales por la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Todos los planes de zona corresponden al primer nivel de prioridad y se aplicarán en las zonas de Sierra de Filabres y Alhamilla (Almería); Noreste de Cádiz y Los Alcornocales (Cádiz); Los Pedroches y el Alto Guadiato (Córdoba); Hoyas de Baza y Guadix (Granada); La Alpujarra (Granada y Almería); Andévalo y Cuenca Minera (Huelva); Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva); Condado de Jaén (Jaén); Sierras de Segura y Cazorla (Jaén); Sierras Occidentales de Málaga (Málaga), y Sierra Morena Sevillana y la Vega Alta (Sevilla).

En cuanto a los compromisos adquiridos mediante este Protocolo, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino será el órgano encargado de la gestión y la coordinación operativa dentro del marco institucional de coordinación de la Conferencia Interministerial para el Medio Rural.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía se compromete, para la correcta ejecución de las actuaciones incluidas en el Protocolo, a la elaboración y posterior ejecución de los planes de zona, así como a crear un órgano de participación de cada zona rural objeto de planificación, con el fin de facilitar una participación pública real y efectiva, tanto en la elaboración del plan de zona como para su posterior seguimiento y evaluación.