El Plan de Choque para combatir la crisis de un sector agobiado por los bajos precios en sectores como el lácteo o el aceite, el impulso del debate que garantiza el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y el nombramiento de Rosa Aguilar como nueva ministra del ramo han sido asuntos claves del 2010.

Este ejercicio se ha caracterizado, además, por los fuertes desequilibrios en la cadena agroalimentaria, el auge de la marca blanca, la caída de los precios de leche, aceite, vino o porcino, y la volatilidad de "commodities" en los mercados internacionales.

España concentró en 2010 todas las miradas durante su Presidencia de turno de la Unión Europea, que se saldó con un documento trascendental auspiciado por la entonces ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en el que se reconocía el valor estratégico de la agricultura y despejaba incertidumbres sobre la continuidad de la PAC.

El elevado paro en el campo -el mayor desde que se tienen registros- ha evidenciado los graves problemas para el sector, sobrepasado por el parón de la actividad y la llegada de activos desplazados de los servicios y la construcción, si bien la actividad y el empleo en la industria agroalimentaria ha resistido mejor el impacto de la crisis económica.

Los intentos de mejorar el equilibrio de fuerzas entre todos los actores de la cadena de valor han chocado este año con las normativas de Defensa de la Competencia, cuya Comisión Nacional llegó a imponer multas multimillonarias a varias organizaciones interprofesionales por sus decisiones o, incluso, sus opiniones.

El debate político, por su parte, se ha centrado en buena parte en el Plan de Choque comprometido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a finales de 2009.

Este plan ha permitido inyectar una liquidez de 2.400 millones de euros en el sector agrario, pero ha revelado los diferencias entre el Gobierno, los partidos políticos y las organizaciones agrarias.

El Ejecutivo creó en 2010 seis mesas de trabajo con el objetivo de desarrollar dicho Plan, relativas a financiación, fiscalidad, biocombustibles, competencia, futuro de la Política Agraria Común y concentración cooperativa.

Por su parte, las organizaciones agrarias han exigido muchas más medidas de las que el Gobierno ofrecía: impuesto reducido para insumos agrícolas y tarifas eléctricas para riego, reducción de módulos de IRPF y alza del IVA compensatorio en ganadería, entre otras.

Junto al Plan de Choque, las mesas de concertación avanzaron medidas como los contratos homologados obligatorios para el lácteo.

El Consejo de Ministros también aprobó este año el Reglamento para el desarrollo de la Ley de 2009 sobre creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario, que establece los criterios para medir el nivel de representación en el campo.

Establece la composición y funciones del Consejo Agroalimentario del Estado y del Comité Asesor Agrario, que respaldaba a las organizaciones clásicas -Asaja, COAG, UPA y Cooperativas- y frenaba las aspiraciones de La Unión para entrar en las mesas de interlocución de ámbito nacional.

En el último trimestre del año, el nombramiento de Rosa Aguilar para suceder a Elena Espinosa copó los titulares agroalimentarios y fue interpretado, en gran medida, como un "guiño" de Rodríguez Zapatero a la izquierda y a los ecologistas.

Aguilar llegó al cargo catapultada por una buena imagen política y pública, con el compromiso de "pintar de verde" el MARM y con una apuesta por el diálogo y la búsqueda de consensos generales en asuntos "de Estado", como las políticas de agua, desde la "la lealtad" institucional.

Ha retomado con las organizaciones del sector una amplia agenda de reuniones para establecer hojas de ruta con prioridades para lo que queda de legislatura, como el posicionamiento de España sobre las reformas agraria y pesquera (PAC y PPC), y para cerrar medidas pendientes, como los contratos lácteos.

En el plano internacional, la apuesta comunitaria por la liberalización del comercio se materializó en el impulso a las negociaciones sobre el futuro acuerdo con Mercosur y en la ratificación entre la UE y Marruecos del nuevo tratado agrícola que tendrá, en opinión del sector, duros efectos para el campo en próximos años.



FUENTE: BESANA