Entre los objetivos más importantes que debe tener la visita de Griñán, destaca el de poner en marcha mecanismos de gestión de los mercados, tales como stocks estratégicos que garanticen el suministro de los alimentos en periodos críticos o como el almacenamiento privado, que permitan evitar las maniobras especulativas y contribuyan a dar estabilidad a los precios, tanto al productor como al consumidor.

Igualmente, esta organización agraria considera necesario que la nueva PAC corrija los desequilibrios en la cadena alimentaria, dotando a los productores de mecanismos de negociación colectiva, a través de las interprofesionales, y que se formalicen las relaciones comerciales a través de instrumentos como los contratos tipo obligatorios. Todo ello, considerado como excepciones reconocidas al derecho a la competencia.

En lo que respecta a las relaciones con terceros países, COAG considera que el interés agrario debe prevalecer respecto a otros intereses, y que debe exigirse un principio de equivalencia en las condiciones de producción y de comercialización a todos los productos importados por la UE. Todo ello, acompañado del máximo celo en cuanto a que se cumplan las condiciones de los contingentes aprobados mediante los oportunos controles en frontera.

Por lo que respecta a las ayudas directas que recibe España, COAG considera que es importante mantener el presupuesto alcanzado, ya que Andalucía es un referente agrario, con un sector productivo consolidado, generador de empleo, y una actividad agraria que se basa en la producción de calidad y respetuosa con el medio ambiente. En ese sentido, esta organización agraria promueve un reparto justo de los fondos,  priorizando los apoyos a favor de la agricultura profesional y con techos que doten de legitimidad al sistema (Actualmente, el 1,5% los perceptores se lleva el 29% de las ayudas. El importe máximo de ayuda se sitúa en 3,6 millones de euros, mientras la ayuda media en Andalucía es de 4.600 euros).

Por último, COAG cree que la nueva PAC debe otorgar a las comunidades la máxima subsidiariedad posible, para que éstas puedan adecuar la PAC a su realidad agraria y a sus objetivos de desarrollo económico.