Con esta reestructuración, el órgano de gobierno de la Seiasa prescinde de la voz del regadío, otorgando su representación exclusiva al poder político a través de autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Economía y Hacienda, principalmente.

Conocida la decisión de la Dirección General de Patrimonio del Estado, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, afirmó que carece "de toda lógica" que las comunidades de regantes no tengan ni voz ni voto en la toma de decisiones relacionadas con la modernización de regadíos cuando participan aportando más de un 60% de la inversión. "Los que pagamos y conocemos la realidad del sector debemos ser parte activa en la toma de decisiones", aseveró.

En su opinión, resulta contradictorio que se excluya a Fenacore de estas sociedades cuando su objetivo único y exclusivo es la modernización de regadíos en las comunidades de regantes. De hecho, la Federación ha participado desde su fundación con un miembro en cada una de las cuatro existentes hasta su unificación en una sola el pasado año. Asimismo ocurría con las sociedades dependientes de las Confederaciones Hidrográficas.

Según la Federación, no es la primera vez que las Administraciones Públicas ganan protagonismo frente a los usuarios  en los órganos de gestión de ámbito nacional relacionados directa o indirectamente con la política del agua, sino que "llueve sobre mojado" ya que en los últimos años fueron excluidos del Comité de Autoridades Competentes y del Consejo Asesor de Medio Ambiente.   Para el presidente de los regantes, "parece que a efectos prácticos, la Administración no quiere contar con la participación activa de los usuarios, como se venía haciendo hasta ahora. Cuando los usuarios no se sienten corresponsables con las administraciones el futuro de los Planes de Reconversión puede resultar incierto, justo lo contrario de lo que se predica. El principio de corresponsabilidad entre administraciones y usuarios, es algo reconocido a nivel internacional para asegurar el éxito de las inversiones en infraestructuras".

Financiar unos costes fijos

Por otro lado, Del Campo considera muy positivo que desde la Administración Central se reduzcan los costes fijos de las sociedades estatales, pero afirma que este recorte debe hacerse realizando "una verdadera reestructuración", yendo más allá de la agrupación de entidades y los cambios en los consejos de administración, ya que no pueden limitar su financiación a la vigilancia de las obras realizadas porque es insostenible para las comunidades de regantes.

En este sentido, critica que se excluya a Fenacore de participar desde dentro en estas sociedades, pues son las comunidades de regantes las que están financiando gran parte de estos costes fijos (personal, etc.) mediante el pago de facturas por el seguimiento y control de unas obras de modernización que actualmente están paralizadas por la falta de fondos para llevar adelante la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos.

Por otro lado, advirtió que este cese supone la desaparición de una vía directa de comunicación entre Administración y comunidades de regantes, ya que este foro actuaba como cadena de transmisión al Gobierno de los problemas del sector agrario durante el proceso de ejecución y seguimiento de las obras de modernización, así como punto de encuentro para la negociación de convenios a nivel nacional.

Las Seiasas (Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias) son sociedades mercantiles estatales creadas en 1999 en el marco del Plan Nacional de Regadíos, con el fin de dinamizar la modernización del campo español. Inicialmente, se constituyeron cuatro entidades distribuidas territorialmente -Seiasa del Norte, Seiasa del Nordeste, Seiasa de la Meseta Sur y Seiasa del Sur y Este- que, como consecuencia de las medidas de ajuste de empresas y sociedades públicas puestas en marcha por el Gobierno el pasado año, pasaron a unificarse en una sola en mayo de 2010. En la actualidad, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias tiene sede en Valladolid y está presidida por el leonés Graciliano Palomo.

Las Sociedades de Aguas se crearon a partir de 1997 como un nuevo instrumento de la política de obra hidráulica, con el propósito de fomentar e instrumentar la participación de los usuarios en el desarrollo y explotación de estas infraestructuras, facilitar la obtención de financiación privada y la aplicación de ayudas comunitarias. Inicialmente se constituyeron diez sociedades que, el pasado año, se redujeron a la mitad, fruto de la reestructuración del sector público empresarial diseñada por el Gobierno para reducir el gasto público.