En opinión de ASAJA son propuestas tremendamente negativas ya que estrangulan al profesional agrario, cargándole de burocracia, incrementando sus costes, exigiéndole prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitándole su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y por tanto, sus rentas.

El Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, presentó ayer, 12 de octubre, ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, sus propuestas legislativas de Reforma de la PAC para después de 2013. Con este acto, se inician los debates en el seno del Consejo de Ministros y en el Parlamento Europeo, que por vez primera asumirá sus competencias de codecisión en una Reforma de la PAC.

Estas propuestas no se alejan demasiado de lo que ya conocíamos a través de filtraciones a las que ASAJA ha tenido acceso estas últimas semanas, y no hacen más que confirmar los malos presagios que teníamos sobre las intenciones de la Comisión en cuanto a esta Reforma.

Se confirma el recorte importantísimo de los Fondos destinados a la Agricultura, que ya se avanzó en las Propuestas sobre el Presupuesto de la UE 214-2020, en donde el sector agrario, cuya renta apenas alcanza el 50% de la media de la renta comunitaria, verá recortada su ficha financiera en más de un 11%.

Sólo en términos de pagos directos, España perderá anualmente más de 600 Millones de Euros. Recordamos que España es el segundo perceptor de fondos agrarios de la UE, y que precisamente los Fondos Agrícolas son los únicos retornos que percibe España de las arcas comunitarias.

En opinión de ASAJA, el establecimiento de una Tasa Plana para los Pagos Directos, sin reconocer la diversidad de cultivos, zonas de producción y métodos de producción pone en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones, precisamente las más eficientes, con altos rendimientos, pero también con importantes costes productivos. Existen en la actualidad mecanismos fiables que permiten diferenciar de forma objetiva y no discriminatoria la realidad de la producción agrícola y ganadera en España, la más diversa de Europa. De ir adelante esta propuesta, dichos mecanismos de diferenciación deberán ser implementados.

Esta situación se verá agravada de prosperar las propuestas que dejan abierta la determinación del número de hectáreas elegibles para la percepción de dichos pagos, en donde la Comisión sólo fija como referencia el año 2014, sin ningún otro criterio que pueda limitar la cantidad total de hectáreas que podrían percibir pagos de la PAC. De esta manera España, que actualmente tiene un número de hectáreas con derechos asignados por poco más de 15 millones, podría ver incrementada sustancialmente su superficie, lo que provocaría una reducción del valor unitario de los pagos básicos.

Este mecanismo de Tasa Plana va a forzar con toda probabilidad la necesidad de recurrir al Pago Acoplado Voluntario para intentar dar una respuesta a aquellas producciones de mayor coste, o con especial interés, por lo que el porcentaje destinado a este efecto, del 5% ampliable al 10%, se demuestra claramente insuficiente, lo que obligará a solicitar su incremento, obviamente en perjuicio del resto de partidas presupuestarias.

El agricultor y ganadero europeo es el profesional agrario que más controles y requisitos en materia medioambiental y de bienestar animal debe superar de todo el planeta. Nuestra legislación en esta materia es, sin lugar a dudas, la más avanzada del mundo. No tiene, por tanto, ningún sentido subordinar una parte fundamental de los Pagos Directos al cumplimiento de condiciones adicionales a favor del clima y del medioambiente.

El cumplimiento de estos requisitos, que suponen costes adicionales de producción y la consiguiente pérdida de competitividad, sólo puede contemplarse en el ámbito de medidas voluntarias y debidamente compensadas, nunca como medida obligatoria y punitiva, como quiere establecer Ciolos.

En cuanto a la fijación de una reducción progresiva de los pagos a partir de los 150.000 € y su limitación total a partir de 300.000 € de percepción de ayudas, elemento que desde la primera reforma de 1992 se viene introduciendo en todas las propuestas, consideramos que obedece más a criterios meramente políticos que a razonamientos económicos. En cualquier caso, la Comisión y las Administraciones deberán prestar especial cuidado y reflexionar sobre el impacto de esta propuesta sobre las empresas agrarias más viables, que han invertido en alcanzar una dimensión en su explotación, o en las distintas fórmulas asociativas que buscan posicionarse mejor en el mercado concentrando la oferta.

No entendemos en ASAJA que el Comisario y la Comisión exonere a los perceptores de menos de 5.000 Euros de la justificación de su condición de agricultor en activo. En aras a la legitimación de los pagos de la PAC, defendemos que sean beneficiarios de los Pagos aquellos que realizan una labor productiva en las tierras, independientemente de su tamaño. Por ende, el criterio que utiliza, relacionando los pagos directos a la renta total, puede dar lugar a situaciones injustas.

La Comisión parece confiar la solución del actual desequilibrio en la cadena alimentaria, donde la distribución hace valer el peso de su posición dominante presionando sobre el eslabón más débil, el productor, a la extensión de las Organizaciones de Productores a todos los sectores. La experiencia de España, nos indica que esto sólo tendrá éxito si dichas OP dirigen sus esfuerzos a lograr un mejor precio comparativo para sus agricultores por la entrega de sus productos, mediante la concentración de la oferta, objetivo de dichas OP.

Además, las experiencias recientes tras dos crisis alimentarias mundiales (2007 y 2010), y la última alarma creada por la aparición de la Bacteria Ecoli en Alemania, demuestran la necesidad de tener a disposición de los agricultores y ganaderos mecanismos rápidos y eficaces de gestión de la oferta y de regulación de los mercados, ya que las materias primas alimentarias no se pueden dejar a merced de los vaivenes de los mercados.

Esta afirmación es también válida para oponernos a las intenciones de la Comisión, en contra de la voluntad de los principales países productores, de poner fin a la limitación de los derechos de producción de vino, del régimen de cupos de producción de remolacha azucarera o del sistema de cuotas lácteas.

Cabe destacar las novedades de esta reforma en materia de apoyo a los jóvenes agricultores y a la innovación aplicada a la agricultura a través de la transferencia de conocimientos. Consideramos que esta buena disposición debería plasmarse en apoyo decidido a la instalación de agricultores, empezando con el acceso a la tierra, formación, medidas estructurales, mejora de instalaciones, etc. En materia de innovación, la Comisión daría buena prueba de sus intenciones acabando con la política carente de sentido y coherencia que hasta ahora ha llevado en materia de Organismos Genéticamente Modificados.

En definitiva, ASAJA considera la propuesta como muy negativa para los intereses agrarios europeos, y especialmente españoles, ya que estrangula al profesional agrario, cargándole de burocracia, incrementando sus costes, exigiéndole prácticas que no deben cumplir sus competidores internacionales, limitándole su capacidad productiva y reduciendo sus ingresos agrarios y por tanto, sus rentas, aun más.