En un contexto de crisis, que ha supuesto un pérdida de un 30% de la renta agraria real en el periodo 2003-2011, se deben retomar de inmediato las negociaciones en Bruselas en torno la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y poner en marcha políticas de Estado que garanticen la viabilidad económica y social de nuestras explotaciones.

En este sentido, COAG considera positiva la creación de un Ministerio específico para el sector agrario, aunque deberán ser las políticas de apoyo al sector las que posibiliten un futuro digno para los hombres y mujeres del campo. "No sólo deberá ser el Ministerio de Agricultura, deberá ser el Ministerio para los agricultores y ganaderos. Es imprescindible que el campo entre de nuevo en las prioridades de la agenda política por su carácter estratégico como base de la alimentación, generador de empleo en el medio rural y yacimiento de emprendedores en nuestros pueblos. Tras el turismo,  el sector agroalimentario  es el  que más contribuye a nuestro PIB  y el único que aporta superávit a la balanza comercial", ha precisado Miguel López, Secretario General de COAG.

Ante este escenario, COAG plantea al nuevo Gobierno una serie de medidas para que el campo pueda afrontar con garantías los retos de futuro. Entre las mismas, cabe destacar:

-Ley de mejora de la Cadena Agroalimentaria que aborde asuntos como las prácticas comerciales abusivas prohibidas, la negociación colectiva de los contratos agrarios en el seno de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias y la incorporación de cláusulas de aplicación de la normativa de competencia al sector agrario, permitiendo una interpretación de esta similar a la que se hace en otros Estados Miembros (Francia) con los que debemos competir, con el objetivo de reequilibrar el poder negociador de los agentes de la cadena y garantizar la competencia leal entre ellos, la máxima eficiencia de las operaciones y la libertad de elección del consumidor a la hora de adquirir sus productos. Dentro de la misma será imprescindible  reforzar el poder negociador de los agricultores y fomentar la vertebración económica del sector productor, en particular mediante la integración cooperativa.

-Mitigar impacto subida de los costes de producción:

Medidas Fiscales:

-         Incremento del IVA de compensación al sector ganadero equiparándolo a la agricultura.

-         Mantenimiento de las deducciones del rendimiento neto previo por adquisiciones de gasóleo (35%), plásticos o fertilizantes (15%) y la reducción general del 2%.  Así como el 10% por gastos de difícil justificación en el régimen de estimación directa simplificada.

-         Aplicación del tipo reducido del IVA a los consumos energéticos de los agricultores profesionales: electricidad y gasóleo.

-         Tarifas eléctricas. Soluciones para el incremento exponencial de la factura eléctrica en los últimos años. Implantación de un contrato adaptado a las características específicas del consumo en el sector agrario.

-         Desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y de la figura de la Explotación Agraria Productora de Energías Renovables.

-         Seguros Agrarios. Trabajar en la implantación de líneas de seguros que vayan más allá de daños y que garanticen el mantenimiento de un nivel renta para afrontar las fluctuaciones de los precios y de los costes.

-Mantenimiento del derecho legal a jubilación en la edad de los 65 años para los agricultores/as y los ganaderos/as, dado el carácter penoso, duro y de gran exigencia física de la actividad agraria,  imposible de corregir o resolver a través de cambios en las condiciones y puesto de trabajo. 

-Reforma de la PAC

-         Medidas de gestión del mercado. Ante la ausencia de propuestas en este ámbito, la UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados e instaurar los mecanismos que eviten la volatilidad de los precios y la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción (gestión y regulación pública, intervención, control de la producción, mantenimiento de cuotas lácteas, cupos de azúcar y derechos de replantación de viñedo, cláusula de medidas excepcionales, reservas estratégicas, etc.).   Aplicación del principio de preferencia comunitaria y replanteamiento del actual marco de liberalización comercial a través de las negociaciones con la OMC y los acuerdos de libre comercio de la UE con países terceros, dado sus efectos perversos tanto para los agricultores del Norte como del Sur. 

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-         Importaciones de países terceros, control y exigencia en cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores.  Por el grave riesgo que suponen para el sector, rechazamos los Acuerdos con Marruecos y Mercosur.

-         Ayudas directas. Aplicación del concepto de agricultor activo, como destinatario de las ayudas públicas y  establecimiento de límites de ayuda a las explotaciones en función del nivel de autoempleo y empleo generados.  COAG propone a nivel estatal que agricultor activo se defina como el agricultor profesional que realiza la actividad agraria de forma directa, a tiempo completo o parcial, cuya renta proveniente de la actividad agraria sea especialmente significativa y que como consecuencia de esta actividad cotiza obligatoriamente en el Régimen Agrario de la Seguridad Social.

-Rechazo al cultivo de transgénicos. Consideramos imprescindible la derogación de las autorizaciones de cultivo de las variedades OMG en España, así como la puesta en marcha del registro de parcelas de cultivos modificados genéticamente.