Los viticultores españoles defienden que el sistema de derechos de plantación ha permitido la conformación de un sistema de producción vitivinícola puntero en el mundo, cuyos productos alcanzan cotas altísimas de calidad, y su supresión acabaría con el modelo de producción de vino europeo tal y como lo conocemos.

Este sistema ha supuesto un factor clave en la fijación de la población rural, en el equilibrio entre oferta y demanda de vino y en la optimización de las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, especialmente en las regiones de más difícil cultivo y en las amparadas por indicaciones de calidad.

La eliminación del sistema de derechos tendría, a juicio de las organizaciones firmantes, "consecuencias nefastas e irremediables". En su opinión, se produciría un inmediato descenso en los precios de las uvas y los vinos, lo que unido al incremento de los costes de producción que soportan los agricultores, haría peligrar a las explotaciones vitivinícolas españolas.

"El régimen de derechos de plantación ha demostrado su eficacia en términos productivos y cualitativos frente a la fuerte competencia de los vinos de países terceros y más aún, representa una medida sin coste financiero para la UE", advierten en la carta al Ministerio.

El sector pide a Arias Cañete que muestre un posicionamiento "rotundo e inequívoco a favor de la continuidad del actual régimen de derechos de plantación para todo el viñedo más allá de 2015" en el marco de la propuesta legislativa de la OCM incluida en la revisión de la Política Agraria Común, cuyo debate está en pleno desarrollo.