"En las memorias de la RASFF podemos observar que el 81% de las alertas proceden de países terceros". Así lo ha afirmado la consejera andaluza de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, durante su intervención en el Foro 'Gestión de crisis alimentaria', celebrado en el marco de Fruit Logistica, en Berlín. Aguilera se ha referido a este dato al instar a la Comisión Europea (CE) a "garantizar que el alcance de los controles realizados a los productos de países terceros sea el mismo que el de los controles que se realizan a productos procedentes de la Unión Europea (UE)". La consejera andaluza ha aprovechado su intervención para proponer las que, a su juicio, serían mejoras que vendrían a perfeccionar el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), evitando así "alarmas sociales injusticadas" como, por ejemplo, la que pesó sobre el campo andaluz en mayo de 2011, como consecuencia de la llamada crisis de la 'E. coli'.

Clara Aguilera ha afirmado que "ha quedado sobradamente demostrado que una inadecuada gestión de una alerta puede generar un caos económico, alimentario y, sobre todo, de salud pública, sin valorar lo que ello conlleva tanto para la sociedad europea en su conjunto como para el sector que está detrás del producto". Por ello, ha considero que, pese a que "la UE cuenta con una de las normativas de seguridad alimentaria más estrictas del mundo", la RASFF debe estar dotada de "mecanismos para anticiparse a los riesgos y evitar que se ponga en peligro la salud humana". Asimismo, ha añadido que "debe contener mecanismos objetivos y obligatorios que garanticen el uso correcto de la información para evitar alarmas sociales injustificadas y el daño a la cadena agroalimentaria europea". En este sentido, Aguilera ha explicado que "la Comisión debe enfocar sus mejoras hacia actuaciones más proactivas que reactivas y hacia una verificación adecuada del cumplimiento de protocolos de activación de alertas y de su seguimiento".

Entre los "puntos críticos" que, según la consejera andaluza podrían modificarse se encuentran el hecho de que un país o una región no puedan activar una alerta no probada, sólo con el amparo del "principio de cautela". Aguilera se ha referido a este aspecto en clara alusión a la actuación de la senadora de Sanidad de Hamburgo, Cornelia Prüfer Storcks, cuyas declaraciones acusando a los pepinos andaluces como origen del brote de 'E. coli' calificó de "precipitadas, profundamente desacertadas".

Junto a este asunto, Aguilera se ha referido a que debe impedirse que una alerta sanitaria "sirva para beneficiar intereses privados" y, por ello, ha afirmado que "las autoridades deben castigar y vigilar estas actuaciones". "Cualquier control, ya sea un control oficial o un control propio de calidad realizado por un operador comercial, deberá disponer de varias muestras de laboratorio" para que, de este modo, los propietarios de lotes objeto de notificaciones puedan "al menos defenderse". En esta misma línea, la consejera de Agricultura ha apuntado la necesidad de que exista "un protocolo único de obligado cumplimiento en Europa" y que, además, se haga "buen uso de él".

Trazabilidad

Clara Aguilera ha insistido en la importancia de la trazabilidad para conocer el origen de una partida y, por tanto, en el caso de surgir alertas sanitarias, poder identificar rápidamente el origen del problema. En este sentido, ha apuntado que "en aquellos casos en los que se realicen notificaciones a la RASFF y no existan garantías sobre la trazabilidad de las partidas que las han originados, no se debe asignar el origen de éstas hasta que no se tenga plena certeza del mismo". Una vez más, llegada a este punto, Aguilera ha lamentado que muestra de esto es "el daño causado a la agricultura andaluza ante la notificación de la alerta de la 'E. coli'". Para la consejera, "la trazabilidad es transparencia" y, por ello, ha abogado por que "la Comisión recupere las normas de calidad comercial de frutas y hortalizas", que fueron suprimidas en julio de 2009 y que, a su juicio, "aportan valor añadido a la actividad agraria y contribuyen a la transparencia de mercados".

Un mayor control sobre la reexpedición de producto o el refuerzo del papel de la CE "como responsable de la RASFF" para velar "por que la información utilizada para generar notificaciones sea correcta" son otros de los aspectos destacado por Aguilera. "La CE debe tener un papel activo y tener la competencia de retirar las alerta de la RASFF y no esperar a que lo subsane el país que notifica la alerta", ha señalado.

Clara Aguilera ha concluido su intervención afirmando que "es imprescindible que se normalicen los procedimientos y los mecanismos de gestión de crisis alimentarias" para, de este modo, evitar situaciones como la originada con la crisis de la 'E. coli'.



ISABEL FERNÁNDEZ