La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía muestra su profunda decepción ante las críticas vertidas por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, durante su visita a Marruecos, tildando de "catastrofistas" los análisis realizados por las organizaciones agrarias sobre las consecuencias de la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Marruecos.

Esta organización agraria recuerda que los productores sólo tratan de defender su futuro y el del sector ante un acuerdo injusto e ilegal cuyas consecuencias son más que previsibles, porque tenemos la experiencia de productos que fueron anteriormente liberalizados. Así, por ejemplo, la judía verde, que con la aplicación del Protocolo firmado en 2003 perdió en Andalucía más del 60% de su superficie y más del 50% de su producción.

Por eso, no tiene sentido esperar, como ha dicho el ministro, para exigir compensaciones. Según ha declarado el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, "se trata de una actitud forense, que sólo servirá para estudiar al muerto, en este caso los productores españoles de frutas, hortalizas y aceite".

Además, se da la circunstancia de que la propia UE ha reconocido el impacto sobre nuestra agricultura de los acuerdos de libre comercio con terceros países y de hecho trabaja en un fondo de compensación dentro de la nueva PAC tras 2013. Por eso, esperamos que el Ministro exija urgentemente a la UE un informe de impacto, que se debería haber hecho con carácter previo a la ratificación, para comprobar con detalle los efectos del Acuerdo en nuestro tejido productivo.

Por último, COAG Andalucía lamenta que el ministro haya preferido visitar antes Marruecos que las regiones españolas más afectadas. Los productores andaluces solicitamos al Ministerio una firme defensa de los intereses de nuestra agricultura. No se puede hablar de beneficios para todos cuando Marruecos expulsará del mercado europeo a los productos españoles, basándose en una competencia desleal fruto de condiciones laborales de semi-esclavitud y en el uso de pesticidas muy agresivos para el medio ambiente que están prohibidos en la UE desde hace décadas.