Fenacore recuerda que la política hidrológica de países como Alemania, Francia o Portugal es infinitamente más sencilla, ya que al organizar la gestión del agua bajo el paraguas de los ríos de mayor tamaño, simplifican el número de demarcaciones, consiguiendo que exista una mejor coordinación al organizar los recursos hídricos. 

De esta forma, la corriente española va a la inversa de la internacional por haber cedido durante años a las presiones políticas de las distintas comunidades autónomas, que han exigido tener cada una su propio plan de cuenca, dando como resultado una ‘auténtica torre de babel' donde cada territorio habla su propio lenguaje del agua, estableciendo su reparto en función de intereses políticos y no técnicos como correspondería.

Esta situación llega incluso a rozar el absurdo en algunos territorios como, por ejemplo, la Comunidad Canaria donde cada isla tiene su propia política hidrológica en lugar de agrupar en un único plan a todo el archipiélago. Más incomprensible es incluso el caso de Ceuta y Melilla donde, a pesar de no existir cuenca en el sentido estricto del término, cada una tiene sus respectivos planes.

Fenacore teme que este ‘maremagnum' de planes de cuenca -que deberían haberse aprobado en diciembre de 2009- retrase aún más la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional, originando nuevas confrontaciones entre comunidades, especialmente en aquellas cuencas más conflictivas como son las del Tajo, Júcar y Segura que transcurren por varios territorios.

Comparativa de los planes hidrológicos europeos

Fuente: Fenacore a partir de datos de la European Commission Environment

Un caos hidrológico

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo -que participó hoy en Zaragoza en la XX Feria Internacional del Agua (SMAGUA)- ,"aquellos barros trajeron estos lodos, como suele decirse, y ahora pagamos las consecuencias del grave error político que supuso territorializar los ríos al haber permitido a las autonomías saltar por encima de la Constitución y apropiarse, a través de sus estatutos de autonomía, de competencias que eran exclusivas del Estado".

Aunque la reciente devolución a la Administración Central de la gestión del Guadalquivir supone el principio de la vuelta a la ‘cordura hidrológica', la Federación insiste en la necesidad de poner en marcha un Pacto Nacional del Agua, que otorgue al Estado la planificación general de todas las cuencas intercomunitarias para evitar que las autonomías vuelvan a extralimitarse en sus funciones, dando lugar a un ‘caos hidrológico' como el actual.

En este sentido, recuerdan además que para que se cumplan todos los requisitos de legalidad es imprescindible que se proceda todavía a la anulación de la modificación realizada en el artículo 94 de la Ley de Aguas por el que se otorgan las competencias sobre la policía de los ríos Guadalquivir y Ebro a las autonomías de Andalucía, y de Aragón y Cataluña, respectivamente.