Una vez se dio luz verde al mecanismo, y previendo que estos problemas podían ocurrir, FAECA solicitó que los controles se hicieran mediante la fórmula de cata previa, tal y como sí es de aplicación en el último almacenamiento privado de aceite de oliva aprobado en febrero de 2012.

Sin embargo, esta petición no prosperó y tras la admisión de 43.880,85 toneladas de aceite en Andalucía -suma de las dos licitaciones de octubre y noviembre de 2011- casi medio año después varias cooperativas y almazaras no sólo van a perder las ayudas al almacenamiento previstas, de 1,30 euros por tonelada y día, sino también el aval de 50 euros por tonelada.

Unas pérdidas económicas que se suman a las de haber mantenido inmovilizado sus volúmenes de aceite durante un período de tiempo en el que el precio del producto ha seguido cayendo, valorándose ahora en 0,18 euros menos por kilo.

Todo ello, como consecuencia de resultados dispares obtenidos hasta en cuatro catas organolépticas diferentes, habiendo determinado dos de ellas el aceite como ‘virgen' y otras dos como ‘lampante', lo que pone de manifiesto la incertidumbre del método, por lo que desde FAECA venimos pidiendo que se modifique el sistema empleado en el panel test de modo que, asegurando su permanencia, se consiga, no obstante, mayor garantía jurídica para las empresas.

En consecuencia, cooperativas y almazaras no sólo perderán dinero, sino que más de 2 millones de euros volverán a las arcas comunitarias, una situación que desde el sector, dada crisis severa en la que se encuentra, no se acaba de entender.