El recorte que el Gobierno ha planteado en su propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2012 para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es de 876 millones de euros, un 31,2% menos que el ejercicio anterior. Para UPA, la cifra es aún más alarmante si la comparamos con los presupuestos de 2009, pues en ese caso la reducción es del 60%.

La organización ha criticado al Gobierno por "cebarse con los agricultores y ganaderos", un sector productivo "estratégico" que a la crisis general que vive España, suma su propia crisis estructural desde hace años, motivada por el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, la especulación con las materias primas e incluso la grave sequía que sufre la Península Ibérica.

El Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha realizado un análisis exhaustivo del presupuesto relacionado con el mundo rural y, en su opinión, "las cifras son más preocupantes cuanto más se profundiza en el análisis". El presupuesto global destinado a la política de agricultura, pesca y alimentación se reduce un 49% respecto al año pasado y un 73% respecto a los presupuestos del 2009. Dentro de este capítulo destaca la reducción de:

• Programa de desarrollo rural sostenible: Se reduce en un 86%, suponiendo la eliminación por la vía presupuestaria de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
• Competitividad y calidad de la producción agrícola y ganadera: La partida se reduce un 3% respecto a 2011 y un 59% respecto a 2009. En esta partida hay programas de gran importancia para la producción agrícola y ganadera que incluyen la promoción de nuevas tecnologías y medios de producción, la ordenación de los sectores productivos, la sanidad vegetal y animal, mejora de la productividad, calidad, etc.
• Desarrollo del medio rural. Se ha reducido un 32% respecto a 2011 y un 83% respecto a 2009. Mantiene el presupuesto para las medidas cofinanciadas, pero lo reduce en otras como los proyectos piloto, la red viaria rural, el apoyo al programa Leader o la supresión total al apoyo a los contratos territoriales.
• Competitividad de la industria alimentaria y calidad. La partida desciende un 25% respecto a 2011 y un 71% respecto a 2009.
• Gestión de recursos hídricos para el regadío. Se reduce un 20% respecto a 2011 y un 77% respecto a 2009.

La política de infraestructuras también ha visto disminuida su financiación, reduciéndose un 27% respecto al año pasado y un 63% respecto a 2009. Por su importancia podemos destacar:

• Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos: Se reduce un 58% respecto al 2011 y un 88% respecto a 2009.
• Actuaciones para prevenir la contaminación y el cambio climático: se reduce un 45%.
• Protección y mejora del medio ambiente: Se reduce un 38% respecto al 2011 y un 69% respecto a 2009.
• Gestión e infraestructura del agua: reduce su presupuesto en un 26%.

Según la organización agraria, detrás de estas cifras "hay políticas concretas que se van a ver fuertemente afectadas, que en ocasiones van a desaparecer o que van a quedar reducidas a la mínima expresión":

• Política de seguros agrarios. A pesar de la gravísima sequía que padece la Península Ibérica, con pérdidas que ya rondan los 2.000 millones de euros, que se suman a las heladas que tuvieron lugar el pasado invierno y al cada vez más presente cambio climático. Uno de los pocos instrumentos que pueden aportar seguridad a los agricultores y ganaderos, los seguros agrarios, ven comprometido su futuro con una reducción del 10% (28 millones de euros).
• Ante la sequía actual, el presupuesto para atender los daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias es de tan solo 5,3 millones de euros. Este exiguo presupuesto limita cualquier actuación ante la actual sequía y ante futuras contingencias.
• Las tres líneas principales de actuación de las Direcciones Generales de Sanidad y de Producciones y Mercados Agrarios sufren recortes importantes que van desde el 29,4% en las medidas de innovación tecnológica, hasta el 33,62% de aquellos programas destinados a la mejora de la organización de la producción y reordenación de los sectores productivos.
  Si se analizan medidas concretas observamos como en lo que se refiere a la Sanidad de la Producción Agraria, la Prevención de Plagas sufre un recorte de más de 1,5 millones de euros (casi el 89%) y el Asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera disminuye un 56,25%. Por otro lado la línea destinada a nuevas tecnologías y racionalización de los medios de producción desciende un 39,18% o la Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores ganaderos que pierde más de 9,5 millones de euros, o lo que es lo mismo un 44,51%.
• El anunciado apoyo a las interprofesionales se salda con una reducción del presupuesto de un 74%
• El Plan nacional de purines pasa de 4,1 a 0,85 millones de euros (-79%). Una reducción de esta magnitud va a limitar totalmente el desarrollo de este plan tan necesario para las explotaciones ganaderas españolas.
• El apoyo a la agricultura ecológica se ve reducido en un 21%
• Agua: En las políticas de agua en su conjunto el Ministerio reduce su presupuesto para 2012 en un 37%, constituyendo un freno muy importante ante las grandes necesidades en gestión e infraestructuras hidráulicas que necesita nuestro país. En especial resulta de gran gravedad la reducción presupuestaria en la partida de gestión de recursos hídricos para el regadío, con una disminución sobre el año pasado de un 20%, reducción que se suma a la de anteriores presupuestos y que condiciona notablemente la aprobación y puesta en marcha de un nuevo Plan Nacional de Regadíos.
• Desarrollo Rural: El Ministerio anula totalmente la dotación presupuestaria para el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, con una reducción del 86% y dejando una dotación simbólica ante las necesidades de desarrollo de dicho programa que ejecuta la Ley de Desarrollo Sostenible en el medio rural. De esta manera, se congela prácticamente el apoyo a la elaboración de los planes zonales pendientes y el apoyo a las diferentes medidas contempladas en el citado Programa, con lo que la Ley queda en la práctica anulada.
• Medio Ambiente: Las actuaciones para la prevención del cambio climático se ven reducidas en un 50%, a pesar de que nuestro país es, según diversos estudios, uno de los más perjudicados por este fenómeno.