Tras la reunión del Consejo Europeo de Ministros de Agricultura, Arias Cañete ha explicado en rueda de prensa la gran diferencia que existe en el caso español entre la superficie que sirve de referencia para asignar la cifra de pagos directos y calcular la convergencia entre Estados miembros, y la que sería incorporable como posible perceptora del nuevo modelo de pago básico, que se sitúa en 38  millones de hectáreas, frente a los 21 millones que considera la Comisión.

Según ha precisado el ministro, "si no hiciéramos nada para evitarlo, se podría producir una reducción media de las ayudas de casi un 45% para los perceptores actuales". Por ello, ha añadido, España considera imprescindible la posibilidad de limitar las superficies admisibles en la primera asignación de derechos".

Además, el ministro ha expresado la necesidad de que los Estados miembros "gocen de amplio margen de maniobra a la hora de efectuar la distribución interna de las ayudas comunitarias, de modo que las explotaciones agrarias sigan percibiendo niveles de ayudas lo más próximo posible a los actuales, para lo cual deberá disponerse de gran flexibilidad para la definición de las distintas regiones y orientaciones productivas, y de los niveles de ayudas pertinentes".

Asimismo, Arias Cañete ha explicado que España "considera inadecuado fijar un objetivo de convergencia en 2019 que implique una tasa plana común por hectárea en todo el territorio español". El ministro ha asegurado que estas preocupaciones son compartidas por Irlanda, Portugal, Finlandia, Luxemburgo, Bélgica e Italia.

Arias Cañete también ha indicado que España ha defendido que el porcentaje que pueda destinarse a ayudas asociadas pueda incrementarse si fuera necesario. Y además, ha añadido, "habría que incorporar entre los sectores elegibles para las mismas a otros sectores, además de los inicialmente previstos, entre ellos la aceituna de mesa, el algodón y el tabaco".

Por otro lado, España considera razonable la propuesta de la Comisión de ayuda a jóvenes agricultores, "y también estamos de acuerdo con que su establecimiento tenga carácter obligatorio, aunque queremos que se pueda recalcular anualmente el porcentaje máximo nacional que se destina a este pago en función de las solicitudes recibidas", ha recalcado el ministro.

En el tema de la definición de agricultor activo, Arias Cañete ha señalado que España no considera adecuada la propuesta de la Comisión. "Creemos que hay que encontrar propuestas alternativas que no impliquen mayores cargas burocráticas en sus procesos de comprobación y que respondan a las inquietudes expuestas por el Tribunal de Cuentas, que exige la existencia de una efectiva actividad agraria para poder percibir pagos con cargo al presupuesto comunitario", ha dicho.

Sobre el denominado "Capping", Arias Cañete ha puntualizado que "la limitación de las ayudas a unos importes financieros máximos nos preocupa por el impacto que pueda producir sobre las Cooperativas, Comunidades de Bienes, Sociedades Agrarias de Transformación y otras fórmulas de agricultura asociativa que pueden verse penalizadas".

Por lo que se refiere a la situación de la leche y los productos lácteos, Arias Cañete ha informado de que España ha defendido que la Comisión reestablezca las restituciones a la exportación si es necesario, y ha demandado la revisión de los precios de referencia y de intervención, no sólo de la leche sino también para todos los productos objeto de estas medidas, para que actúen como verdadera red de seguridad.

Por último, España ha señalado que la aplicación de la directiva que implementa el alojamiento en grupo de las cerdas supone "una dura reestructuración productiva que supondrá una pérdida del 10 por ciento de las explotaciones, disminución que puede traer aparejada una eventual entrada en el mercado europeo de carne producida en condiciones menos exigentes que las de la Unión", ha concluido.