Del Campo recordó que con esta determinación se cumplen ya todos los requisitos de legalidad vigente, zanjando cualquier duda sobre el papel único y exclusivo de la Administración Central en la gestión de las cuencas intercomunitarias.

En su opinión, este paso ‘decidido' de la Administración representa una defensa 'férrea' de los principios de unidad de gestión y cuenca -reconocidos en la Directiva Marco de Aguas (DMA) y en la Constitución-, garantizando que la coordinación y el reparto de los recursos hídricos se lleve a cabo teniendo en cuenta el interés general y no sobre la base de criterios políticos y localistas.

Para Del Campo, "esta modificación de la Ley de Aguas no era más que una nueva vía ideologizada para que las autonomías pudieran territorializar la gestión de los ríos amparándose en una argucia jurídica aprobada con agostidad y alevosía y, lo que es más grave, burlando las sentencias del Constitucional y Supremo que anulaban la potestad de Andalucía y Castilla y León sobre los ríos Guadalquivir y Duero, respectivamente".

Precisamente, consecuencia de esta normativa y alentada por el ‘mal precedente andaluz', el Gobierno de Aragón pretende también asumir las competencias sobre el dominio público hidráulico, a pesar de que estas funciones en ningún caso son susceptibles de transferencia ni delegación.