Algo que, a su juicio, y dada "la pérdida repentina de confianza en los consumidores, causó una perturbación muy importante en el mercado hortofrutícola", en cuya recuperación ha tenido un importante papel la eficiencia demostrada por el sistema de trazabilidad de la región.

Como ha explicado el consejero, cuatro días después de la alerta (el lunes 30 de mayo) el impacto negativo de la misma se había extendido a otros países y productos. Así, Austria, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia hicieron declaraciones contra las producciones andaluzas, Francia cerró el mercado al melocotón de la comunidad y Rusia prohibió la entrada de todas las frutas y hortalizas europeas.

En este escenario, la Junta de Andalucía llevó a cabo una gran labor desde el primer día (26 de mayo) "enfocada a verificar mediante análisis científico la veracidad de los hechos", ha recordado Luis Planas. "El reconocido sistema de trazabilidad de las producciones andaluzas" permitió identificar el mismo día que los lotes de hortalizas acusados desde el país germano procedían de 13 explotaciones, hasta donde se trasladaron los trabajadores de la Consejería para recoger muestras de suelo, agua y fruto. Éstas se recibieron la noche del día siguiente en el laboratorio de Atarfe (Granada), desde donde se pusieron en marcha las labores de coordinación con el Laboratorio Nacional de Referencia de Lugo para obtener finalmente un resultado negativo de los análisis.

De forma paralela, se creó una comisión de trabajo permanente en la que colaboraron los gobiernos regional y central, y se comenzó a estudiar la posibilidad de reclamar indemnizaciones económicas con cargo a los mecanismos de crisis establecidos en la Política Agrícola Común (PAC). Tras articularse las medidas excepcionales europeas, "y con un escaso margen temporal, se estableció un sistema que permitiera poner a disposición de los productores los complejos mecanismos de crisis", ha reseñado el consejero, que ha añadido que "era necesario hacer comprensible para los usuarios todos los requisitos exigidos por la estricta normativa comunitaria".

El consejero ha expuesto que, con esta finalidad, la Junta tomó parte en numerosas reuniones tanto con las administraciones implicadas como con los representantes del sector. En concreto, desde el 9 de julio se celebraron una decena de encuentros informativos en Almería y Málaga.

Compensaciones económicas

Luis Planas ha hecho hincapié en las limitaciones del sistema indemnizatorio en cuanto al presupuesto, a los productos contemplados -calabacín, lechuga, pepino, pimiento y tomate- y al tiempo. En referencia a este último condicionante, el consejero ha resaltado que, en poco más de 20 días, se gestionaron y subsanaron más de 2.400 comunicaciones presentadas por los productores afectados.

Asimismo, ha aclarado que los trabajadores de la Consejería verificaron el cumplimiento de los requisitos comunitarios y la acreditación de las pérdidas notificadas en todas las solicitudes.

Con el fin de facilitar el acceso a las ayudas por parte de los afectados, el consejero ha explicado que la Junta de Andalucía simplificó la documentación relativa a los mecanismos de gestión de crisis recogidos en el Reglamento europeo -retirada de producción y renuncia de cosecha- y habilitó un espacio en la página web de la Consejería donde "se difundían al sector, prácticamente a tiempo real, toda la información y formularios disponibles".

Destacan especialmente el sistema de gestión diseñado para cubrir las operaciones de destrucción de cosecha o producto realizadas y los controles in situ sobre las cosechas y productos retirados efectuados por los técnicos de la Consejería. En concreto, se efectuaron 3.245 inspecciones de control de campo.

Continuando con el proceso de gestión de las indemnizaciones, se revisaron más de 1.500 solicitudes de pago registradas, y comenzó el abono de las primeras compensaciones sólo 44 días después de que concluyera el plazo de presentación de las mismas.

Finalmente, y cumpliendo con el plazo establecido por la Comisión Europea -antes del 16 de octubre-, se realizó el pago de la totalidad de las solicitudes de pago presentadas que cumplían con los requisitos del Reglamento, que ascendían a 1.155 resoluciones de pago que suponían el abono de indemnizaciones a los productores afectados por un importe total de 33 millones de euros.



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