Así lo recoge el acuerdo conjunto o pacto de Estado alcanzado el 15 de junio en Madrid y que España defenderá ante Consejo y Parlamento europeo en el marco de las negociaciones de la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Este fondo de reserva -que también propone la Comisión Europea- debería crearse fuera del Marco Financiero Plurianual, según el documento de consenso, al que ha tenido acceso Efeagro.

Consideran "una prioridad" para España disponer de una red de seguridad "real" para el sector agrario, con medidas de mercado que permitan el desencadenamiento del almacenamiento público y privado "sin retrasos innecesarios" y precios de referencia actualizados.

"El desencadenamiento de las medidas de intervención en los mercados agrarios debe tener en cuenta tanto fluctuaciones de precios como de costes de producción", añade.

Además piden que las medidas de intervención en los mercados agrarios relacionadas con la pérdida de confianza del consumidor sean financiadas "en su totalidad" por la Unión Europea.

Para Gobierno y comunidades autónomas, las propuestas para la reforma de la PAC deben recoger medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, ampliando las funciones de las organizaciones de productores y de las interprofesionales.

Reiteran la petición de que se mantengan las dotaciones presupuestarias de la PAC y flexibilidad en su aplicación, además de su simplificación, y consideran "clave" acceder a la mayor cuantía posible del nuevo fondo específico de 4.500 millones que incluirá el Programa Marco para la Investigación y la Innovación 2014-2020.

El nuevo modelo de ayudas directas debe incluir, a su juicio, instrumentos para evitar la existencia de remanentes presupuestarios sin ejecutar al final de cada ejercicio financiero.

Sobre aspectos concretos de la futura PAC, abogan por limitar la superficie a la que se aplicarán los pagos directos -a 21 millones de hectáreas- y proponen excluir de esta ayudas a los beneficiarios cuya actividad agraria no sea significativa o cuyo objeto comercial o empresarial no sea la actividad agraria.

Las disposiciones relativas a la reducción progresiva o limitación de las ayudas directas ("capping") "deben ser sencillas de aplicar", si finalmente se acomete, y el Estado miembro tendría que decidir el destino de los fondos recaudados, agregan.

En su opinión, la transición del modelo actual de ayudas directas -basado en criterios históricos- a otro "regional", debe limitarse a un porcentaje que permita "un cierto reequilibrio de las ayudas" pero que no ponga en peligro a las producciones ni territorios.

En cuanto al porcentaje del 30 % de las ayudas directas destinadas al componente verde creen que es una cantidad excesiva, que debe ser "sensiblemente reducida" a en torno al 15 %.

Por su parte, el porcentaje de las hectáreas admisibles que un agricultor debe destinar a superficies de interés ecológico debe reducirse del 7 % propuesto hasta el 3 %.

En su opinión, la dehesa mediterránea, los pastos y cultivos permanentes, los cultivos bajo agua, las leguminosas, las superficies situadas en la Red Natura 2000 y las acogidas a medidas agroambientales y climáticas "deben ser acreedoras del pago del componente verde sin exigencias adicionales".

Reivindican que el pago destinado a los jóvenes agricultores en el primer pilar debe ser obligatorio, la ayuda para zona con limitaciones naturales y el régimen para los pequeños agricultores, así como el mantenimiento de la producción de azúcar, los derechos de plantación de viñedo y la cuota láctea.

En desarrollo rural, Gobierno y autonomías piden conjugar programas regionales con uno nacional y que el reglamento tenga en cuenta a las regiones "en transición", de forma que la tasa de cofinanciación para estas últimas sea del 75 %.

De igual forma quieren "flexibilidad" para poder trasvasar el 10 % de los fondos entre el primer y el segundo pilar de la PAC si es necesario, "en ambos sentidos".