A este respecto, el responsable del sector vitivinícola de COAG y Vicepresidente del Comité Consultivo Vino de la UE, Alejandro García-Gasco, ha reafirmado su defensa del sistema actual de derechos de plantación de gestión pública por las administraciones, que en el curso de las últimas décadas, se ha revelado como un instrumento eficaz para la política de calidad y para la gestión del potencial de producción en el seno de la Unión Europea, por lo que no tiene sentido sustituirlo por otro que sería ineficaz y su gestión resultaría inviable en el estado español.

La eliminación de un mecanismo de control eficaz sobre los viñedos, provocaría una deslocalización de la producción que amenazaría el patrimonio vitícola de 200.000 viticultores/as profesionales en nuestro país y el equilibrio medioambiental de las principales regiones productoras, caso de Castilla La Mancha, al no existir alternativas viables a este tipo de cultivo.

Las propuestas del Comisario se han realizado, antes de que el Grupo de Alto Nivel (GAN) para los derechos de plantación de viñedo, creado por el propio Ejecutivo comunitario, finalice sus deliberaciones y emita sus conclusiones y sin tener en cuenta la posición común de los EE.MM, que están en contra de la liberalización de plantaciones.

COAG ha solicitado al Ministerio de Agricultura una reunión para trasmitir nuestra preocupación por estas propuestas y para conocer la posición del nuestra Administración ante la reunión del GAN de próximo 21 de septiembre.

No hay que olvidar que con la liberación de plantaciones se pondría en riesgo un elemento importante de fijación de la población rural, se debilitarían las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, siendo especialmente perjudicial para las zonas de más dificultades y las amparadas por indicaciones de calidad y se produciría un descenso en los precios de las uvas y los vinos, por un incremento de la oferta.

La bajada de precios tendría como consecuencia la incapacidad de los productores para soportar los costes de producción, provocando el abandono y, en general, un descenso importante de la calidad. Así mismo el mapa de la propiedad vitícola cambiaría y se pondría en riesgo su carácter familiar de las explotaciones vitivinícolas y la viabilidad de sus cooperativas.