En palabras de Miguel Blanco, Secretario General de COAG, es una ley que de inicio nace "coja" porque, en los actuales términos, no reforzará el poder de negociación de los agricultores frente a los abusos de posición dominante del resto de eslabones, (en especial las grandes cadenas de distribución, no acota la actuación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que desde hace años supone un freno al desarrollo del sector agrario y no ofrece seguridad jurídica a la negociación colectiva de precios en el seno de las interprofesionales.

Contratos. COAG siempre ha defendido las relaciones contractuales como garantía para el sector productor. Sin embargo, ante la posición de dominio de las grandes cadenas de distribución y tal y como se plantean en el anteproyecto, pueden suponer un grave perjuicio para agricultores y ganaderos. Es algo que está sucediendo ya en el sector lácteo, en el que los ganaderos se ven obligados a firmar contratos con precios por debajo de coste.

Prácticas abusivas También es decepcionante la regulación y el sistema de control que recoge el texto aprobado respecto a las prácticas comerciales abusivas de la gran distribución, toda vez que no incluye la sanción y prohibición de prácticas que presionan los precios a la baja en el campo como la venta a pérdidas, utilización de productos agrarios como reclamo y promociones gratuitas. Unas estrategias que a medio plazo también son perjudiciales para el consumidor al destruir el tejido productivo en nuestro país y depender del exterior para alimentarnos.

Además, el mismo anteproyecto no garantiza el cumplimiento efectivo de las prácticas prohibidas que se detallan   ante la indefensión de los proovedores en base a la dependencia que generan unos compradores muy concentrados.

Subastas. Se ha de mejorar el control de las subastas a la baja mediante una regulación efectiva de su funcionamiento y prohibir de forma taxativa las subastas electrónicas a ciegas que en la actualidad son fácilmente manipulables y que alteran de forma radical el funcionamiento del mercado y del conjunto de la cadena agroalimentaria.

Interprofesionales. El alcance de las modificaciones en la ley de interprofesionales no ofrece seguridad jurídica a la negociación colectiva de precios ni a la regulación de la oferta.

Órganos de control jurídico, administrativo y de seguimiento. Son dispersos y débiles, ya que no cuentan con recursos y estructura suficiente para perseguir y sancionar las prácticas comerciales abusivas. La única forma de garantizar el cumplimiento real y efectivo de la Ley es mediante la creación y desarrollo de un organismo de control independiente y con recursos suficientes encargado de controlar, vigilar y sancionar la realización de prácticas comerciales abusivas, de oficio o a instancia de los perjudicados o sus organizaciones representativas.

Código de buenas prácticas mercantiles. Entendemos que no será operativo ya que su voluntariedad,  en una cadena marcada por grandes desequilibrios y  abuso de posición dominante por parte de la gran distribución, impedirá que tenga los efectos deseados. Esta vía ya se ha explorado (código FIAB-ASEDAS, inexistencia de denuncias, etc.) y ha sido completamente ineficaz. COAG entiende que no debe sortearse las debidas regulaciones normativas mediante acuerdos voluntarios.

Asimismo, COAG echa de menos en el texto apoyos al desarrollo de circuitos cortos de comercialización de productos agroalimentarios que, mediante la reducción de los agentes que intervienen en la cadena de valor, pueden proporcionar una mayor participación de los productores en el valor añadido de los productos. Además, este tipo de estructuras conllevan otra serie de beneficios de carácter medioambiental y social como la disminución de las necesidades de transporte o la posibilidad de consumir productos más frescos y sanos al acortar los tiempos entre recolección y consumo. En esta línea está trabajando la Comisión Europea y no deberíamos quedarnos a la cola.

COAG trabaja ya para mejorar sustancialmente la ley durante el proceso de consulta pública y el trámite parlamentario. Durante el proceso previo, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, ha incumplido su promesa de convocar el Comité  Asesor Agrario para abordar los términos de este anteproyecto con las organizaciones agrarias.