La Unión de Uniones denuncia que la aplicación de la liberalización de los derechos de plantación de viña también comportaría una reducción muy importante de las pequeñas explotaciones en las zonas tradicionalmente productoras, así como la deslocalización de la producción, una excesiva industrialización de la viticultura europea y una sobreproducción de vino, además de la disminución de la calidad y el valor de la producción.

El sindicato rechaza la última propuesta de la Comisión Europea (CE) sobre esta cuestión, que incluía que la gestión de los derechos de plantación debía implicar a los profesionales del sector y a la mayor parte de los actores económicos de la filial del vino como organizaciones de productores, interprofesionales, consejos reguladores, consorcios de tutela, etc. Para ello, planteaba la transferencia de la gestión de las superficies de la viña a las denominaciones europeas de origen protegido (AOP) y a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), además de prever un sistema de cláusula de salvaguarda que activarían los estados o la CE en caso de sobrepasar unos topes que deberían establecerse.

La CE tiene previsto hacer público este mes de noviembre el contenido de la resolución sobre los derechos de plantación de viña a través del grupo de alto nivel que impulsó con el fin de debatir esta cuestión y emitir una resolución definitiva sobre la misma.