Desde esa fecha Marruecos no está respetando el precio de entrada de tomate establecido en el Acuerdo de Asociación con la UE, que entró en vigor el mes pasado, de forma que, según la Federación Fepex (a la que pertenece COEXPHAL), el valor global de importación ha caído por debajo del precio de entrada establecido en dicho Acuerdo, provocando graves daños al sector español.

El precio de entrada de tomate establecido en el protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos es de 46,1 euros por cien kilogramos. Si el precio de importación es inferior a este valor, el importador debería pagar un derecho de aduana de 29,8 euros cada 100 kilos para evitar que los bajos precios del producto importado hundan el mercado comunitario.

Desde el 1 de noviembre el valor de importación se encuentra por debajo de 42,4 euros los 100 kilogramos, con un mínimo histórico de 36 euros los cien kilos. Esto implicaría el pago del derecho de aduana. Sin embargo, el fuerte volumen de importación de los últimos días pone en evidencia que no se está pagando el derecho de aduana específico, ni se prevé pagar en el futuro porque, según Fepex, a ese nivel de precios pagando el derecho correspondiente, la importación sería inviable económicamente.

Ante esta situación, Fepex y COEXPHAL han instado a la Comisión Europea a que exija a las autoridades aduaneras un control eficaz del régimen de precios de entrada, con el fin de que los importadores paguen los derechos de aduana correspondientes, considerando además que el 1 de septiembre entró en vigor la modificación del régimen de precios de entrada para permitir un control aduanero eficaz, según prevé el considerando 8 del Reglamento de ejecución (UE) Nº 701/2012 de la Comisión.

El alto volumen de las importaciones a bajo precio, facilitadas porque no se pagan los derechos de aduana correspondientes, ha provocado el hundimiento del mercado comunitario de tomate, amenazando la viabilidad de este cultivo. El sector español considera prioritario recuperar la normalidad del mercado comunitario porque la producción de tomate constituye la principal actividad económica en zonas como Andalucía, donde la tasa de paro supera el 35%.