García Tejerina ha destacado la importancia del debate presupuestario en  el proceso de negociación, en  particular, en lo que se refiere a la agricultura, señalando que "España está solicitando que se respete nuestra dotación presupuestaria en la propuesta inicial de la Comisión, que ya supone una congelación de las ayudas de la PAC al nivel de 2013".

Frente a las fuertes presiones para reducir el presupuesto, la Secretaria General ha comunicado el propósito de seguir ampliando el círculo de aliados con otros Estado Miembros con intereses comunes en agricultura "para hacer un frente común que nos permita defender el presupuesto de la PAC para los próximos años, una tarea  que no será fácil, pero pondremos en ella todo nuestro empeño".

En este ámbito García Tejerina ha querido dejar patente que en cualquier caso en el nuevo Marco Financiero Plurianual, España continuará siendo el segundo Estado miembro que más fondos reciba de la PAC en la Unión Europea, y que se va a mantener  la posición relativa con respecto a los demás Estados miembros, "lo que va a permitir tener una PAC fuerte hasta el año 2020".

                                                                                                                     
Pagos directos y convergencia interna

En relación con los Reglamentos de la PAC, la Secretaria General ha incidido en alguna de las posturas que España defiende en el marco comunitario, así, en relación con las normas aplicables a los pagos directos a los agricultores ha destacado la necesidad de limitar el número de hectáreas admisibles que pueden entrar en el sistema de Pago básico, mediante el establecimiento de un periodo de referencia anterior a 2014.

En cuanto a la convergencia interna, García Tejerina ha recordado que la propuesta  de la Comisión se basa en que  la ayuda directa a la renta se distribuya más equitativamente entre los agricultores, de forma que los derechos de pago activados en un Estado miembro tengan un valor uniforme en 2019, "un proceso, ha señalado,  que puede suponer trasvases muy importantes de ayudas entre sectores o territorios, lo que daría lugar a graves desajustes en las ayudas percibidas por los agricultores".

Frente a esa propuesta la Secretaria General ha abogado por un mecanismo de Convergencia Interna más flexible, progresivo y limitado para tratar de limar diferencias entre lo percibido con el modelo actual y con el nuevo.

Greening

Otro de los aspectos prioritarios para el sector es la aplicación del pago verde o "greening", sobre el que García Tejerina ha defendido la necesidad de establecer prácticas sencillas adaptadas a la diversidad productiva comunitaria, y por tanto, a las condiciones mediterráneas.

"España es partidaria de que no se penalice el Pago básico, y de que tales prácticas, no afecten la sostenibilidad económica de las explotaciones, ni su  productividad y que tampoco supongan mayores cargas administrativas para los Estados miembros por lo que es necesaria una revisión de las medidas de greening, limitando al 15% el porcentaje destinado a este componente verde, asimismo proponemos poder aplicar dicho porcentaje de manera individualizada" ha indicado la Secretaria General.

En cuanto a las medidas de regulación de los mercados agrarios, ha explicado que se ha propuesto que las medidas de la futura PAC mejoren el funcionamiento de la cadena alimentaria, ampliando las funciones y los fines de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales, "de manera que puedan tener más protagonismo en la gestión de los mercados, especialmente, en el control de la oferta".

En este sentido ha indicado que "España apuesta en primer lugar por potenciar las redes de seguridad y los mecanismos de actualización y revisión de precios de referencia  y en segundo lugar, por el mantenimiento de sistemas de limitación de la producción como elementos clave para garantizar la estabilidad de los mercados, especialmente, en el viñedo, en el  azúcar y  en la leche".