Un agricultor sancionado por el supuesto uso de un pesticida ilegal lleva a la Junta a los tribunales

Francisco Ortiz, agricultor de Adra que en 2004 fue sancionado tras la detección en una partida de pimiento de Clorfenapir, una sustancia prohibida en España, se verá las caras en los tribunales el próximo día 14 de febrero con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Sólo con ello, dice que “ya me siento ganador”, ya que, al final, será un juez quien decida.

Fue en 2004 cuando, para Francisco Ortiz, comenzó "un calvario". En febrero de ese año, este agricultor de Adra depositó una partida de pimiento en una comercializadora de la provincia y, según ha señalado, "me la precintaron". Entonces, inspectores de Calidad de la Delegación de Agricultura y Pesca que estaban realizando análisis detectaron, en una partida que fue identificada por empleados de la comercializadora como propiedad de Francisco Ortiz, Clorfenapir, un pesticida ilegal. Días más tarde, cuál fue la sorpresa de este agricultor cuando descubrió que "la partida había sido vendida". Aún así, posteriormente, "recibí una multa" que, entonces, ascendía a unos 6.000 euros.

Justo en este momento fue cuando, para este agricultor de Adra, comenzó "un calvario", que le llevará el próximo 14 de febrero a un juicio en el que se enfrentará con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta. Ortiz ha afirmado haber llegado hasta aquí "porque mis pimientos estaban limpios" y, por ello, sólo con poder llegar a este juicio, dice que "yo ya me siento ganador".

Según ha recordado, después de la detección de la supuesta partida contaminada, "seguí vendiendo pimientos sin ningún problema" y, precisamente para demostrar su inocencia, "invité a inspectores de la Junta a que vinieran a mi invernadero a hacer más análisis", pero "nunca vinieron". El agricultor quería que los inspectores certificaran, de este modo, si la partida contaminada, realmente, había salido de su invernadero.

El afán de Francisco Ortiz por demostrar su inocencia le llevó en julio de 2011 a iniciar una huelga de hambre, junto con su mujer, ya que, para entonces, y tras siete años de lucha, la multa ascendía a más de 10.000 euros y, como él mismo ha explicado, "me querían embargar la casa". Finalmente, para conservar su propiedad "tuve que pagar unos 15.000 euros", eso sí, a costa de "vender una de mis fincas".

Isabel Fernández