Los agricultores y ganaderos españoles prestarán este año más atención, si cabe, a Bruselas por el desenlace de las negociaciones sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y, sobre todo, por las decisiones acerca del presupuesto para el campo entre 2014 y 2020.

En 2013, la Unión Europea (UE) debe cerrar un acuerdo sobre las perspectivas financieras para los próximos siete años y de ellas depende la conclusión de la reforma de la PAC.

Pero las discusiones van con retraso respecto a los planes iniciales y a simple vista es difícil pensar que las nuevas políticas y las nuevas cuentas vayan a aplicarse en 2014.

Los líderes de la UE no consiguieron llegar a un compromiso sobre los presupuestos, tras una cumbre en noviembre, por lo que se reunirán de nuevo de forma extraordinaria con ese fin, posiblemente en febrero, aunque aún no está fijada la fecha.

En las últimas negociaciones circularon documentos, como el que presentó la anterior presidencia rotatoria de la UE (Chipre), que planteaban una rebaja de los presupuestos, que afectaría sin duda a la agricultura.

En cuanto a la propia reforma de la PAC, la presidencia irlandesa de turno de la UE ha fijado como objetivo, para este semestre, un acuerdo político en el Consejo de ministros de Agricultura de la UE en el mes de junio.

Pero la reforma debe ser aprobada también por el Parlamento Europeo. Ante esta incertidumbre, que en la práctica sufren los productores, España y otros países pidieron que en 2014 se prorrogue el actual modelo de la PAC. Una vez que se aprobara la reforma quedarían el desarrollo legislativo y el trabajo administrativo necesario para su entrada en vigor, que podrían durar un año.

Todo apunta, según el propio ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a que la campaña 2013/2014 de la PAC se hará con el marco financiero actual.

La PAC es la política que más presupuesto absorbe de los fondos de la UE, cerca de la mitad, con unos 56.000 millones anuales, y España es el segundo país más beneficiado, con 7.839 millones en 2011.

En cuanto al contenido de la propia reforma, Bruselas propuso ideas como un pago fijo por hectárea o "tarifa plana", diferente al sistema de derechos históricos que rige para las subvenciones agrarias en la actualidad.

Otra de las medidas centrales es el "reverdecimiento" o "greening" de las ayudas, consistente en que un 30 % de esas primas se conceda a productores que presten determinados servicios al medio ambiente.

España, según la posición consensuada entre el Gobierno y las autonomías, rechaza que ese requisito se aplique al 30 % de los apoyos, pero sobre todo demanda que se mantenga el presupuesto para el campo.

Por otro lado, Gobierno y CCAA reclaman que continúen los derechos de plantación del viñedo, las cuotas de azúcar y de leche, entre otras peticiones para que mejoren las medidas de regulación de mercado y vertebrar la cadena de valor de los productos agroalimentarios.