En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha explicado que se trata de dos proyectos complementarios "clave para el cumplimiento del programa electoral con que el PP se presentó a las pasadas elecciones generales". En este sentido, el ministro ha recordado que el Gobierno hizo un diagnóstico del sector agrario español, en el que se detectó que el gran problema que tenían los agricultores era la diferencia entre precios en origen y precios en destino, "debido a que el sector agrario estaba poco vertebrado, porque la cadena no funcionaba de un modo idóneo".

El responsable de Agricultura ha asegurado que el Gobierno quiere fomentar la integración de cooperativas porque el cooperativismo en España es "enormemente importante". "Tenemos alrededor de 4.000 cooperativas agroalimentarias, con una facturación media muy baja, de 4,8 millones de euros. "Se trata de un sector muy atomizado, con escasa capacidad negociadora". Ante esta situación, Arias Cañete ha indicado que el proyecto de ley tiene como objetivo favorecer el redimensionamiento, la modernización, y potenciar la competitividad y la internacionalización.

Por otra parte, Arias Cañete ha calificado como "claramente necesario" el proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria, "a la vista de los desequilibrios que hay en las relaciones comerciales", como demuestra el hecho de que en España hay menos de un millón de productores en explotaciones agrícolas y ganaderas y casi 30.000 empresas agroindustriales, mientras que el 40,3% de la cuota de mercado está en manos de cinco operadores de la distribución. "Cuando un millón le venden a cinco, si la oferta está atomizada y la demanda está concentrada, la capacidad de negociación y de fijación de condiciones contractuales es muy limitada", ha afirmado.

Por este motivo, "hemos puesto en marcha una ley, pedida por el sector, apoyada por las asociaciones agrarias, demandada por las cooperativas españolas, con todo el apoyo de la industria agroalimentaria española, que combina el sistema de regulación normativa y el de autorregulación", ha completado.

En definitiva, ha finalizado el ministro, con estas dos leyes "hacemos una reforma estructural de mucho alcance en el sector agroalimentario, le dotamos de unos instrumentos para mejorar el valor añadido de las producciones agrarias". También ha mostrado su convencimiento de que, con una gestión permanente y con la colaboración del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, "podremos mejorar sustancialmente el funcionamiento de un sector que ha demostrado a lo largo de esta crisis económica una enorme capacidad de resistencia, de imaginación y de apertura a los mercados exteriores", ha concluido.