“Han admitido que vendieron mis pimientos y eso ya es un logro”

Francisco Ortiz, agricultor de Adra sancionado por la supuesta detección en una partida de pimientos de su propiedad de Clorfenapir, una sustancia prohibida, se ha visto este jueves las caras, en un juicio, con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. En declaraciones a fhalmería, ha señalado que no será hasta dentro de 15 días, aproximadamente, cuando haya una sentencia en firme. En cualquier caso, dice haberse quedado con “buenas sensaciones” tras la celebración del juicio.

Francisco Ortiz, agricultor de Adra sancionado por la supuesta detección en una partida de pimientos de su propiedad de Clorfenapir, una sustancia prohibida, ha dado hoy un paso más para demostrar su inocencia. Este jueves se veía las caras con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en un juicio para demostrar que la partida supuestamente contaminada no era suya y, de hecho, sus pimientos se vendieron. "Han admitido que vendieron mis pimientos y eso, para mí, ya es importante". Y es que, según dicta la legislación, el producto contaminado con Clorfenapir debe ser destruido, algo que, con su género, no ocurrió. En cualquier caso, Ortiz deberá esperar aún unos 15 días para conocer la sentencia definitiva.

El caso se remonta a febrero de 2004, cuando este agricultor abderitano depositó una partida de pimiento en una comercializadora de la provincia y, según señaló en declaraciones a fhalmería, "me la precintaron". Entonces, inspectores de Calidad de la Delegación de Agricultura y Pesca que estaban realizando análisis detectaron, en una partida que fue identificada por empleados de la comercializadora como propiedad de Francisco Ortiz, Clorfenapir, un pesticida ilegal. Días más tarde, cuál fue la sorpresa de este agricultor cuando descubrió que "la partida había sido vendida". Aún así, poco después, recibió una multa que, entonces, ascendía a unos 6.000 euros.

Justo en ese momento fue cuando para Francisco Ortiz comenzó una lucha que le ha llevado este jueves, nueve años más tarde, a enfrentarse en un juicio con la propia Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para demostrar que "mis pimientos estaban limpios".

El afán de Francisco Ortiz por demostrar su inocencia le llevó en julio de 2011 a iniciar una huelga de hambre, junto con su mujer, ya que, para entonces, la multa ascendía a más de 10.000 euros y, como él mismo explicó, "me querían embargar la casa". Finalmente, para conservar su propiedad, "tuve que pagar unos 15.000 euros", eso sí, a costa de "vender una de mis fincas".

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