Otro tema de vital importancia para España será el del mantenimiento a medio y largo plazo del sistema de cuotas de producción en remolacha azucarera y leche y los derechos de plantación de viñedo. En el primer caso, para evitar la deslocalización de la producción hacia los países del centro y norte de Europa y, en el segundo,  para impedir que el sector vitivinícola pase de manos de los pequeños y medianos viticultores a las macro-explotaciones y bodegueros.

También será decisiva para los agricultores la flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC. La diversidad del sector agrario español no puede acomodarse a la tasa plana de ayudas por explotación que plantea la Comisión Europea (CE) para todos los agricultores y ganaderos comunitarios. COAG no apoya el status quo, pero exige cambios progresivos, con marcado carácter social, y el establecimiento de zonas y regiones productivas con criterios agronómicos y socioeconómicos. Sería inaceptable un reparto de ayudas indiscriminado que supusiera el trasvase de fondos de los profesionales agrarios a los propietarios de la tierra ajenos al sector.

En referencia al denominado 'greening' (pago adicional con fines medioambientales que podría suponer el 30% del total de ayudas), COAG apoya la postura aprobada por el Consejo Europeo, en la que se pide que los condicionantes verdes de la futura PAC no obliguen al abandono de tierras productivas ni supongan descensos de rentas en los productores.

En el capítulo de desarrollo rural, será imprescindible fomentar la incorporación de jóvenes y mujeres al campo ante el envejecimiento y masculinización del sector. Se deben potenciar las medidas agrarias de desarrollo rural, garantizando la aportación del Estado y las CC. AA. para que no se pierdan recursos comunitarios en el periodo 2014-2020.