Arias Cañete ha recalcado que el acuerdo alcanzado por los 27 Estados miembros sobre los cuatro reglamentos que componen el paquete legislativo de la Reforma de la PAC "constituye un avance importantísimo para España en la negociación de esta Reforma".

El ministro de Agricultura ha señalado que este acuerdo supone un mandato negociador para que la Presidencia irlandesa del Consejo inicie los trílogos con el Parlamento Europeo y la Comisión, "con el objetivo de que aproximen sus posiciones con vistas a lograr una posición común en el Consejo del próximo mes de junio, y poder ser refrendado por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del mes de julio". Si se cumple el calendario previsto, será entonces cuando se alcance el acuerdo definitivo sobre la Reforma de la PAC.

Ventajas para España

El acuerdo alcanzado comprende las propuestas de reglamento de ayudas directas, organización común de mercados, desarrollo rural, y el reglamento financiero y de gestión.

Por lo que se refiere a España y en relación con el reglamento de pagos directos, se ha conseguido limitar la superficie potencialmente elegible a la declarada en 2011, "evitando la dilución desproporcionada de los importes unitarios de ayuda, que suponía la propuesta inicial de la Comisión, que hubiera supuesto la incorporación de 17 millones de hectáreas adicionales, dando lugar a una fortísima reducción de los importes de ayuda". Por lo tanto, quedan salvaguardadas las ayudas que los agricultores y ganaderos vienen percibiendo.

También se ha eliminado la obligatoriedad de que haya un mismo importe de ayudas, o "tasa plana", para los agricultores en 2019. En su lugar, se ha establecido que los productores que perciban menos del 90% de la ayuda media para su región, recuperen entre 2014 y 2019 una tercera parte de la diferencia entre ese 90% y su nivel actual de ayudas. De esta forma, "se evitarán trasvases significativos de importes entre beneficiarios, sectores y territorios", ha aclarado.

Asimismo, se ha conseguido que el porcentaje que supone este pago se calcule de manera individual para cada productor, y no a nivel nacional o regional, con lo que se evitará el efecto de "tasa plana" y de redistribución de las ayudas, que tenía la propuesta de la Comisión.

En relación al componente verde, se han flexibilizado las condiciones que permitirán su cumplimiento. Para ello, se han introducido modificaciones para considerar a los cultivos permanentes extensivos, con menos de 250 árboles por hectárea (el 71% del olivar y el 60% en frutos secos) como superficies de interés ecológico para el cumplimiento de este requisito.

Sobre las ayudas acopladas (vinculadas a la producción), se ha conseguido aumentar hasta el 12% el porcentaje que los países pueden conceder directamente a sectores concretos., "a pesar de que algunos Estados miembros reclamaban su supresión", ha recalcado. En el caso de España, dicho límite se sitúa en torno al 13,5%, ya que España ha mantenido ese porcentaje en el año 2011.

En el acuerdo también se establece que los Estados miembros puedan aplicar, de oficio, el régimen simplificado para pequeños agricultores cuyos importes de ayuda estén comprendidos entre 500 y 1000 euros.

OCM única

Por otra parte, Arias Cañete ha explicado los avances conseguidos para España en relación con el reglamento de la OCM única. Así, en lo que se refiere al vino, "se ha conseguido mantener hasta 2024 la limitación de producciones, con un nuevo sistema que entrará en vigor en 2019, con lo que se prorroga obligatoriamente el sistema actual de derechos de plantación hasta el 31 de diciembre de 2018". El ministro ha precisado que el incremento anual de la superficie vitivinícola será del 1%, que se podrá reducir con criterios objetivos y no discriminatorios.

Con respecto al azúcar, y a pesar de que la propuesta inicial de la Comisión era la supresión total de la cuota en 2015, "se ha logrado prorrogar dos años más el sistema actual que permite a nuestros remolacheros e industria poder afrontar mejor la futura liberalización del sector", ha destacado.

Al mismo tiempo, se ha conseguido mantener el reconocimiento obligatorio para las Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas, vino y leche; y voluntario para el resto de los sectores. A este respecto, se ha incorporado la posibilidad de que las asociaciones  de OP de frutas y hortalizas puedan presentar directamente programas operativos, "lo que permitirá incorporar flexibilidad y mejorar la gestión de los mismos". También se ha introducido la capacidad de las OP de extender norma para aspectos relativos a la sanidad animal, vegetal y seguridad alimentaria, "y se ha conseguido incorporar el etiquetado de origen país para las frutas y hortalizas, sector netamente exportador", ha añadido.

Desarrollo rural

En relación con los temas de desarrollo rural, Arias Cañete ha subrayado la importancia de que el nuevo reglamento permita a los Estados miembros elaborar un programa nacional de desarrollo rural, compatible con programas regionales. De esta forma, ha expuesto Arias Cañete, se podrán financiar medidas con valor añadido de carácter supraautonómico, como puede ser la cooperación, los programas de lucha contra plagas y enfermedades, la conservación de recursos fitogenéticos, prevención de incendios forestales y la restauración de zonas afectadas por los mismos, la innovación y la formación, entre otros.

Asimismo, el ministro ha hecho hincapié en las inversiones en regadío. Según ha explicado, con el nuevo acuerdo se ha reducido al 10% el ahorro mínimo de agua necesario para obtener financiación procedente del FEADER, en lugar del 25% que inicialmente estableció la Comisión. En el acuerdo también se incluye la financiación de proyectos de mejora de eficiencia energética en regadío, la construcción de balsas de regulación y la utilización de aguas recicladas.

También ha subrayado la ampliación en un año del periodo disponible por cada Estado miembro para ejecutar los gastos de las medidas de desarrollo rural, mediante la ampliación de la denominada regla N+2 a N+3.

Arias Cañete ha apuntado que el acuerdo garantiza la compatibilidad del sistema español de seguros agrarios con el nuevo mecanismo de estabilización de rentas.

Por último, en relación con el reglamento horizontal, el ministro ha destacado como elemento positivo del acuerdo, la simplificación de determinadas disposiciones relativas al cálculo de las sanciones, la aplicación de la Condicionalidad y la digitalización de elementos estructurales en los sistemas de información geográfica de parcelas agrícolas.