La posición de los 27 no concreta la definición de agricultor activo como perceptor de ayudas, básica para que el reparto de las ayudas sea más justo y social en nuestro país y los fondos vayan dirigidos hacia un modelo de agricultura profesional, social y productivo y no a perceptores ajenos al sector. Asimismo, el texto del acuerdo mantiene como techo de ayudas por perceptor los 300.000 euros, voluntario en su aplicación por los EE.MM. COAG ha defendido que el techo se establezca en 100.000 euros por beneficiario.

Por otro lado, el acuerdo no avanza en la delimitación y definición de regiones agronómicas que permitan establecer distintos tipo de tasa plana de ayudas, un serio problema para la agricultura española debido a su gran diversidad, especialmente por las diferencias estructurales entre cultivos de regadío y secano, así como en lo referente a las producciones ganaderas, grandes olvidadas en esta reforma.

Sin embargo, el Consejo de Ministros sí recoge la posibilidad de aplicar el criterio de convergencia externa (entre países) a la convergencia interna (en el estado miembro o región). De este modo, los derechos históricos no sufrirían un recorte de fondos tan significativo, ya que los productores que perciban menos del 90% de la ayuda media de su región, podrían sumar entre 2014 y 2019 una tercera parte de la diferencia entre ese 90% y su nivel actual de ayudas.

En lo referente al porcentaje de ayudas acopladas a la producción, COAG considera insuficiente el 12% aprobado y aboga por el 15% mínimo que plantea el Parlamento Europeo. Es básico para fomentar la producción y asegurar la viabilidad de aquellos cultivos en dificultades.

También resulta muy preocupante para los productores de remolacha españoles que el régimen de cuotas de producción de azúcar se limite a 2017, cuestión que supondría el jaque mate para el cultivo de remolacha en nuestro país. COAG reclama que se mantenga al menos hasta 2020, tal y como defenderá el Parlamento Europeo  en el proceso de negociación. En el apartado de cuotas lácteas, los 27 dan por hecho que desaparecerán en 2015, cuestión que puede suponer la puntilla para los ganaderos. En el caso de los derechos de plantación de viñedo, COAG apoya la postura del PE para mantenerlos hasta 2030, ya que la postura de los ministros de Agricultura rebaja esa fecha hasta 2019. El sistema de autorizaciones previsto y el incremento del 1% anual hasta 2024 podría desestabilizar el mercado.

En el lado positivo, cabe destacar los acuerdos en el capítulo prácticas ecológicas que la nueva PAC exigirá a los agricultores para concederles ayuda, el denominado "greening". El acuerdo incluye la consideración del valor medioambiental de los cultivos permanentes extensivos (con pendiente superior al 10% o con menos de 250 árboles por ha) sin imponerles exigencias adicionales, un detalle muy importante para los sectores de olivar y frutos secos en Andalucía. COAG ha reclamado que se incluyan también a los cultivos de oleaginosas y proteaginosas, por su importante papel medioambiental en la fijación natural de nitrógeno en la tierra.

Además, el acuerdo recoge la posibilidad de limitar los derechos de asignación de pagos a partir de 2014 al 135 % de la superficie declarada elegible en 2009 para recibir ayudas, básico para nuestro país porque que evitará que los fondos queden diluidos. España asignaría pagos a 22,35 millones de hectáreas.

A partir del 11 de abril se inicia el triálogo ente Consejo, Comisión Europea y Parlamento Europeo sobre la base de los acuerdos alcanzados en el seno de cada una de las instituciones comunitarias. COAG trabaja desde ya en Bruselas para que la reforma de la PAC que finalmente se apruebe responda a las necesidades del modelo de agricultura social y profesional, mayoritario en España.