Los caminos rurales en los que se ha actuado son los siguientes: San Ginés-Somontín (1.250 metros lineales de longitud); Cuajalá (660 metros); y Camino de Oqué (1.030 metros). En el primer camino, en un tramo de 975 metros, se ha extendido una capa de rodadura de tratamiento asfáltico superficial, y en unos 200 metros se ha extendido hormigón con fibra de polipropileno. En las vías Cuajalá y Oqué, además de otros tratamientos, se han construido sendas capas de rodadura con tratamiento asfáltico superficial.

Con las obras contempladas en este plan, la Junta responde a la necesidad de algunos municipios que se ven actualmente afectados por el déficit de infraestructuras y los daños sufridos en muchos caminos rurales y que, debido a las dificultades económicas y financieras que atraviesan los consistorios no pueden acometer el arreglo de estas infraestructuras. Por tanto, los ayuntamientos sólo han tenido que proponer a la Junta la relación de caminos en los que actuar.

Este plan, según Ortiz, "atiende la demanda de agricultores y ganaderos, ya que los caminos suponen un pilar fundamental en el desarrollo del medio rural, porque fomentan la cohesión social y territorial y posibilita el incremento del nivel de renta y la competitividad de los productos andaluces". Pero es que, además de contribuir a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, este plan también beneficia a la economía y la vida general de los municipios, ya que en muchos casos, según recuerda el delegado de la Junta, estas vías son utilizadas también para la comunicación interna de dichos municipios.

El ‘Encamina2' está cofinanciado con fondos europeos Feader (70%), y Junta de Andalucía (30%). Este plan ha supuesto un cambio radical en el sistema de gestión de las ayudas a caminos rurales que se venía realizando hasta ahora, ya que se ha llevado a cabo mediante concurrencia competitiva, unos criterios razonables que permiten la redistribución de los recursos y la atención a las necesidades de los ayuntamientos y comunidades de regantes, al no contemplar la obligatoriedad de la cofinanciación (por parte de los ayuntamientos), lo que mejora la gestión de estas ayudas.