ASAJA solicita que se planteen otras medidas que podrían ayudar a atajar este problema como la creación de un registro específico para quienes estén envueltos en estos delitos y así sancionar la reincidencia, o incluso un registro sobre la procedencia de la mercancía  para evitar el "negocio" que se mueve alrededor de los robos en el campo. La vigilancia policial y los controles son por ahora el método más efectivo, pero necesitamos que se dé un paso más.

El objetivo de las medidas que persigue ASAJA es evitar la sensación de que robar sale "gratis", apunta Francisco Vargas, y para ello es necesario la modificación del Código Penal de forma que también se tenga en cuenta la peculiaridad de los robos en el campo.

Actos vandálicos en explotaciones, robos  de utensilios, animales y productos están en el día a día de muchos agricultores y ganaderos. En Almería, ASAJA estuvo reunida a principios de año con el Subdelegado del Gobierno para abordar la preocupación por este tema que se manifiesta de forma constante a lo largo de todo el año y que motiva que la propia sensación de impunidad existente lleve a los agricultores y ganaderos a no presentar denuncia alguna. "Hay agricultores que optan por no poner puertas para evitar destrozos en las fincas, esta situación no se puede tolerar", señala Francisco Vargas presidente de ASAJA-Almería, "y es más como los propietarios se ven desbordados por la situación llegan incluso a ponerse en riesgo, vigilando de noche su propia explotación u organizando patrullas".

La organización, que lleva mucho tiempo trabajando sobre esta problemática, ha valorado el trabajo que desempeñan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sin embargo, "si no va acompañado de sanciones económicas y penales elevadas no es suficiente y podemos encontrarnos con casos alarmantes de personas multireincidentes que salen a la calle sin mayores consecuencias".  Es necesario que a estas actuaciones policiales se le acompañe de la petición de los fiscales de las penas máximas por los delitos cometidos y por la aplicación de las mismas por parte de los responsables del Ministerio de Justicia, es decir, desde los propios jueces.