Así lo ha asegurado el director general de AEPLA, Carlos Palomar, tras la asamblea general de la entidad, celebrada en Madrid y a la que han asistido representantes del sector, de la Administración y de las organizaciones de productores. Palomar ha subrayado que la lentitud en el proceso de autorización de nuevos productos suponía "una clara pérdida de competitividad" para los agricultores españoles frente a los de otros países del entorno y desincentivaba la inversión de las empresas, una situación que ahora "se está reconduciendo".

Ha explicado que el Gobierno persigue, al término de la legislatura, que este procedimiento se complete en un año, al igual que en otros países comunitarios, frente a los hasta cinco años que ahora puede llegar a tardar en España, según ha trasladado a AEPLA el director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa.

Palomar también ha destacado que el nuevo Plan de Acción Nacional para los fitosanitarios aprobado por el Gobierno a finales del año pasado supone "una gran oportunidad" para mejorar su aplicación y conseguir un uso "racional" y "correcto".

Ha destacado que en esto España se ha adelantado a muchos otros Estados de la Unión Europea, que todavía no tienen programas semejantes. "Se ha hecho un buen trabajo", ha apuntado, con la colaboración tanto de la patronal del sector como de los productores, las comunidades autónomas y el Gobierno central.

En cuanto a la aplicación del plan, ha señalado que "el gran reto" para este año es incorporar a todos los productores a la gestión integrada de plagas y que "lo más difícil" es definir la figura del asesor y establecer qué cultivos necesitarán el apoyo de este preceptor y para cuáles bastará el uso de guías.

Frente a la polémica por la propuesta de Bruselas de suspender el uso de los neonicotinoides por su posible efecto sobre las abejas, Palomar ha insistido en que se trata de una decisión desproporcionada y muy politizada, que a su juicio no resolverá los problemas de estas poblaciones de insectos, como las enfermedades por parásitos o la pérdida de hábitat.

Ha subrayado que este "cambiante" entorno normativo hace "imposible" la inversión de las empresas, ya que los productos fitosanitarios tienen un proceso de desarrollo muy largo, ya que puede llevar diez años conseguir una sustancia activa nueva. Cambios en la normativa como el propuesto, ha añadido, pueden hacer que la industria se vaya a otros países con una legislación más estable.

El programa de la asamblea ha incluido la intervención de representantes de la Asociación Europea para la Protección de las Plantas (ECPA, en inglés), en la que está integrada AEPLA, y que han expuesto los principales proyectos que se desarrollarán este año.

En particular, Palomar ha resaltado los orientados a la protección del medio acuático, para lo que considera "muy importante" concienciar a los agricultores y formarlos en buenas prácticas que eviten que a través de la escorrentía y la erosión puedan llegar residuos de pesticidas a ríos o lagos.

Otros proyectos en desarrollo, ha añadido, se refieren a la preservación de la diversidad, la protección de la salud de los trabajadores y de la calidad de los productos.



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