La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha vuelto a emitir un informe, a petición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), valorando negativamente el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En esta ocasión, el MAGRAMA solicitó a la CNC que se pronunciara sobre la incorporación en el texto legal de la definición de 'coste de producción primaria', entendiendo como tal "el valor estadístico de referencia calculado periódicamente por la autoridad competente en base a los costes necesarios para la producción de un producto alimentario sin transformar por parte de un productor primario". Asimismo, pidió su opinión sobre la referencia expresa en los contratos del precio del producto, que "no podrá ser inferior al coste de producción primaria", y, además, sobre la atribución al "Observatorio de la cadena alimentaria (OCA) de la función de fijar los costes de producción primaria en los casos en los que se detecten indicios de abuso de posición dominante".

Para la CNC estas tres cuestiones no son más que "las tres etapas en las que se ha diseñado el método para calcular un coste estándar que se aplique como precio mínimo del producto" y, por tanto, no son más que "un claro mecanismo de intervención en la dinámica de la formación de precios del sector agrario", algo que, para Competencia, "reduciría sensible y directamente la competencia entre productores". Asimismo, afirma que tales mecanismos "no serían admisibles desde un punto de vista de la eficiencia de los mercados y de la garantía de competencia efectiva". Además, irían en contra de la normativa europea sobre esta materia y de la propia normativa española de competencia.

Pero la CNC no se queda sólo ahí, sino que insiste en que este "mecanismo de fijación de precios", a la larga, repercutirá de forma negativa sobre los ciudadanos, puesto que se podría generar "un aumento de los precios en origen que, a través de la cadena de valor, se trasladaría a los consumidores".

Por último, la CNC ha reiterado que los posibles desequilibrios que se pudieran generar en la cadena, y en especial en referencia al sector agroalimentario, "no constituyen un fallo de mercado que justifique una intervención pública de tal intensidad".



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