Así lo ha expuesto en la videoconferencia celebrada con las oficinas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ubicadas en Brasil, Ecuador, Perú, México, Colombia, El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Miami y la ubicada en Madrid. Una iniciativa que ha surgido tras constatarse la similitud entre los motivos que generaron la elaboración de esta Ley en España, y las necesidades de estos países en esa materia.

La videoconferencia ha tenido como objetivos conocer más en detalle los motivos que han llevado a la elaboración de la Ley,  mantener un intercambio de experiencias sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria y las organizaciones profesionales, e identificar acciones de cooperación mutua para un futuro próximo.

Ley para la mejora de la cadena alimentaria

Herrero ha analizado algunos aspectos de la Ley, destacando de su contenido el establecimiento de un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes, aplicable a todos los operadores de la cadena, desde la producción hasta la distribución.

En la parte de regulación, ha indicado que el proyecto  establece la obligación de formalizar los contratos por escrito a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es productor primario o una agrupación de los mismos o PYME, y el otro no, o cuando hay una dependencia económica de la otra parte, excluyendo las operaciones al contado. En este ámbito ha hecho hincapié en como la Ley regula también las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos durante 2 años.

"Se recogen las prácticas comerciales abusivas y, en concreto, se prohíben las modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos adicionales, sobre el precio pactado, y se regula la información comercial sensible y la gestión de marcas" ha añadido el Subdirector General.

En cuanto a la autorregulación, Herrero ha resaltado la creación de  un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, "cuya adhesión será voluntaria por parte de los operadores de la cadena, que tendrán la obligación de someter la resolución de sus conflictos al sistema designado en el mismo".

En su exposición, el Subdirector General ha dedicado tiempo a explicar otra de las novedades de la nueva normativa: la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria "que informará de la propuesta del Código y realizará su seguimiento, así como el de las prácticas comerciales, dando traslado a la autoridad competente, si detectase incumplimientos de lo establecido en la ley". En esta línea ha indicado que tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos entre las partes, y  asumirá, además, las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos.

En cuanto al régimen de Control, ha señalado que se fija un control administrativo que tipifica las infracciones y las sanciones correspondientes, que en función del ámbito de actuación de las partes gestionarán la Comunidad Autónoma correspondiente o el Estado. "Además, ha aclarado Herrero, introduce como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos, según lo recogido en la Ley de lucha contra la morosidad".

Por último el Subdirector General ha anunciado la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios que sustituirá a la Agencia para el Aceite de Oliva, "cuyas funciones serán, además de las que venía haciendo, comprobar las denuncias que les sean presentadas por incumplimiento de lo dispuesto en la ley e instruir el procedimiento sancionador". Además, ha explicado Herrero,   colaborará con el Observatorio de la cadena alimentaria y gestionará y mantendrá el Registro estatal de Acuerdos de Buenas Prácticas Comerciales.